CSJ dilata estudio de condena por estafa a exdirectivos de Aso del PJ

La descomunal estafa registrada en la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, cuantificada en casi G. 13 mil millones, podría quedar impune. El expediente está “varado” hace meses en la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si es válida o no la inhibición de uno de los camaristas de la sala que estudiará la sentencia.

A través de este urgimiento, el Ministerio Público busca destrabar el proceso por estafa a los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial.
A través de este urgimiento, el Ministerio Público busca destrabar el proceso por estafa a los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial.gentileza

La fiscala Alejandra Savorgnan urgió a la Corte Suprema de Justicia que resuelva la impugnación que traba el estudio de la sentencia dictada en la causa abierta por la descomunal estafa perpetrada nada menos que en la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial. El actual presidente de la “Aso” del PJ, Jorge Recalde, expresó su preocupación por la posibilidad de que la causa quede finalmente en la impunidad, por prescripción, en atención a la excesiva dilación en resolver el caso.

De acuerdo con el urgimiento radicado ayer por la agente fiscal ante la secretaria de la Sala Penal, Karina Penoni, desde el 22 de julio pasado el expediente se encuentra en poder del ministro de la sala constitucional Víctor Ríos, quien debe decidir si acepta o no integrar la sala penal en reemplazo de su colega Luis María Benítez Riera, quien se inhibió.

Una vez conformada la sala penal -integrada además por los ministros Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes- la misma deberá resolver la impugnación de la camarista Bibiana Benítez a la inhibición de su colega Arnulfo Arias Maldonado.

El camarista Arias se inhibió el 5 de abril pasado, por tener causal de excusación con el defensor Juan Francisco Valdez.

Penas de 2 a 8 años por estafa y lesión de confianza a exdirectivos de la asociación

En una sentencia divulgada el 22 de diciembre del año pasado, el el Tribunal de Sentencia presidido por Olga Ruiz e integrado por Elsa García y Víctor Medina declaró probado un perjuicio G. 10.159.059.168 en lo que respecta a lesión de confianza y de G. 2.500.000.000 con relación a la estafa, lo que da un perjuicio total de G. 12.659.059.168 y estableció penas de dos a ocho años de cárcel para 15 exdirectivos.

Los expresidentes Celso Alvarenga y Fabio Martínez, la extesorera María Escobar y el protesorero Roberto Israel Alfonso fueron condenados a 8 años de cárcel. A su vez, Elena Cañiza, Carlos Céspedes, Julio Schupp, Olga Caballero, Alfredo Martínez, Basilicia Miers, Óscar Ojeda, Miguel Ángel Castro, Olga Espínola, Hugo Castillo y Marcelo Noguera fueron sentenciados a 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión.

La acusación estuvo a cargo de los fiscales Alejandra Savorgnan y Giovanni Grisetti, quienes solicitaron una condena de 12 años de pena privativa de libertad para Alvarenga, Martínez, Escobar y Alfonso y de 2 años para los demás.

El Ministerio Público sostuvo que en el periodo referido se desviaron fondos de descuentos a 2.800 asociados con los que debían pagarse los créditos contraídos y otras deudas asumidas con instituciones financieras.

Perjuicio afectó a la sede de la Asociación y a 2.800 socios

Durante los nueve meses que duró el juicio oral y público, en gran parte realizado a cuenta gotas- el colegiado constató graves irregularidades en el manejo de los recursos de la referida Asociación, entre los años 2013 y 2017 y calificó el caso como estafa agravada y lesión de confianza agravada.

La presidenta del Tribunal destacó que los acusados cobraban mensualmente por descuentos directos de los entes públicos sin embargo no abonaban los compromisos asumidos con las casas comerciales, para lo que siempre la Asociación tuvo disponibilidad por la cantidad de funcionarios descontados en forma directa vía giraduria.

La sentencia, que fue aplaudida por un tendal de socios que se vieron conminados vía judicial a pagar nuevamente deudas canceladas en el 2015 inclusive, debido a la utilización de sus pagarés para refinanciar millonarios préstamos realizados sin autorización, podría quedar en la nada. El descalabro financiero puso en riesgo incluso la sede social de la entidad, que aglutina además a funcionarios del Ministerio Público, del Ministerio de Defensa Pública y de Justicia Electoral, tasada en US$ 2 millones.

El inmueble, ubicado en Ñemby fue hipotecado por US$ 400.000 (G. 3.600 millones) a la firma Pac SA por anteriores directivos – hoy condenados por el millonario desfalco– sin que dicho monto haya ingresado a las arcas de la entidad.

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