Gobernación de Central aceptó proyectos sin documentos exigidos por ley y realizó millonarios desembolsos

AREGUÁ. Cuatro oenegés fueron beneficiadas por el exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), durante los años 2019 y 2020. Según la Fiscalía, fueron desembolsados irregularmente más de G. 24.400 millones de los cuales G. 18.300 millones no tienen respaldo documental. Los proyectos no cumplían con los requisitos exigidos por ley. Fueron imputadas 50 personas.

Hugo Javier González, exgobernador de Central imputado en dos causas penales y con arresto domiciliario.
Hugo Javier González, exgobernador de Central imputado en dos causas penales y con arresto domiciliario.

El pasado 26 de septiembre, el fiscal Juan Manuel Ledesma Peralta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), imputó al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, y a otras 49 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y apropiación.

El exjefe departamental desembolsó más de G. 24.000 millones durante los años 2019 y 2020 a favor de cuatro oenegés para la ejecución de descabellados proyectos que ni siquiera tenían las documentaciones requeridas por las normativas que regulan el Presupuesto General de la Nación.

Las entidades “sin fines de lucro” beneficiadas son la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, Asociación Plantemos Conciencias, Consejo Regional de Salud del Departamento Central, Centro Nacional de Organizaciones Populares y Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables.

El fiscal Juan Ledesma imputó a 50 personas involucradas en la causa, incluyendo a González Alegre, a exfuncionarios de la Gobernación, a miembros de las ONG y a presuntos prestadores de servicios. El Ministerio Público comunicó posteriormente que uno de los imputados falleció a mediados de este año, por lo que desciende a 49 el número de procesados.

Sin documentos, gobernador aceptó proyectos

La hipótesis planteada por el Ministerio Público consiste en la eventual existencia de un esquema delictivo montado para el desvío ilícito de fondos de la Gobernación, a través de erogaciones irregulares.

Cada uno de los integrantes de dicho esquema, que encabezaría presuntamente el exgobernador Hugo Javier, de antemano, habrían tenido conocimiento de la operativa montada y habrían tenido una participación activa y reiterativa que posibilitó la concreción de los supuestos desvíos de fondos. Se habla de más de G. 18.300 millones.

“Conforme a las evidencias colectadas y a las disposiciones legales, se cuenta con la sospecha inicial, que los 51 desembolsos autorizados entre los meses de marzo de 2019 al mes de diciembre de 2020 fueron autorizados indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos”, manifestó el fiscal Ledesma.

El agente agregó también que “los proyectos para los cuales habrían sido desembolsados fondos de la Gobernación del departamento Central no contendría el plan de acción a ser ejecutado. Con relación a este punto, es preciso señalar que los proyectos no contendrían la indicación concreta de las actividades a ser realizadas, como tampoco el detalle los bienes y/o servicios a ser adquiridos”, dijo.

Sostuvo además que “los proyectos no contendrían un presupuesto debidamente elaborado, con la descripción de los precios unitarios y totales de los bienes y/o servicios a ser adquiridos”, así como tampoco “con relación a los proyectos que contemplaban la construcción de obras (construcción de caminos, puentes, refacciones edilicias, etc.), no fueron señaladas qué obras debían ser realizadas, el lugar de ejecución de las mismas, planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas, pese a ello, la Gobernación de Central habría realizado los desembolsos para estos proyectos”.

Más irregularidades evadidas por el esquema

Las entidades beneficiadas no han presentado un “presupuesto de gastos” ni “plan financiero”. Tampoco han presentado ante la Gobernación de Central los formularios requeridos por ley, la planificación de bienes y/o servicios entregados y asignación financiera, copias autenticadas de las rendiciones de cuentas por desembolsos anteriores, visadas por la Contraloría General de República, el certificado original y vigente de la cuenta bancaria de cada ONG, cuenta corriente o caja de ahorro.

No se visualizaron los fines y objetivos de varios proyectos y los mismos no guardarían relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas. En cuanto al procedimiento, “saltaron” sobre el proceso de verificación de correspondencia de los fines y objetivos declarados en los proyectos presentados, con los fines y objetivos de la institución aparentemente beneficiada, descriptos en formularios “Información sobre la Entidad”, la que debió ser realizada por parte del Departamento de Auditoría Interna de la Gobernación.

Daño patrimonial

Hasta ahora, la Fiscalía afirma que existiría un daño patrimonial de más de G. 18.300 millones. El fiscal Ledesma agregó que siguen analizando varias documentaciones incautadas en los allanamientos y no se descarta que el monto del perjuicio sea mayor.

Según evidencias, más de G. 828 millones corresponden a facturas presumiblemente clonadas. Más de G. 14.203 millones corresponden a facturas emitidas en concepto de bienes y/o servicios presumiblemente no proveídas ni prestadas. Y más de G. 3.352 millones supuestamente ejecutados no tienen respaldo documental.

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