El Ministerio Público allanó el pasado 4 de octubre una clínica privada, por un presunto caso de aborto clandestino. Luego de ello, salieron a luz una gran cantidad de irregularidades en torno al llamado Sanatorio Sosa.
La clínica obtuvo en 2005 por última vez su habilitación por parte del Ministerio de Salud y debía renovarla cada 5 años, pero no lo hizo. Además, nunca se registró como tal ante la Superintendencia de Salud.
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Al respecto, el superintendente, doctor Ignacio Mendoza, indicó que ya se había intervenido esa clínica en el 2020. “Pasó totalmente desapercibido”, argumentó el doctor Mendoza en contacto con ABC TV.
Así también, alegó que la Superintendencia tiene a su cargo más de 10.000 entidades prestadoras de servicios y que no les compete la clausura de este tipo de sanatorios clandestinos.
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Propietaria está siendo procesada desde hace dos años
Por otra parte, el agente fiscal Jorge Acuña confirmó que la propietaria de la clínica, Sofía Sosa, está sujeta a un proceso iniciado precisamente hace dos años y ya presentó innumerables chicanas para dilatar la causa.
La denuncia de ese año fue realizada precisamente por un parto clandestino y se había encontrado el cuerpo de un bebé. Agregó que al realizar el allanamiento habían encontrado instrumentos quirúrgicos que no estaban en condiciones, además de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud.
Sosa debe ser sometida a un juicio oral, que se iniciaría a principios del mes de noviembre. Sofía Eliodora Sosa además fue imputada el miércoles por hechos punibles contra menores, uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso, estafa, comercialización de medicamentos no autorizados y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.
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