Preliminar por caso “tapabocas de oro” en Dinac: 7° intento será en noviembre

Para el lunes 21 de noviembre, a las 8:30, se fijó la audiencia preliminar para los siete acusados por la presunta compra irregular de los “tapabocas de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). La acusación se presentó en abril de 2021, pero la diligencia no se pudo realizar hasta hoy por las chicanas de las defensas.

El extitular de la Dinac Édgar Melgarejo está procesado por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de mascarillas.
El extitular de la Dinac Édgar Melgarejo está acusado por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de mascarillas.Archivo, ABC Color

El juez de Garantías Raúl Florentín convocó al extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard y a otros seis acusados de presunta lesión de confianza por la compra irregular de los tapabocas de oro” para la institución estatal, al inicio de la pandemia de COVID-19.

Será el séptimo intento para llevar a cabo la diligencia, que ya se suspendió en seis ocasiones debido a diversos recursos que las defensas promovieron para trabar la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si la causa se eleva a juicio oral y público como pide la fiscalía.

La última suspensión se dio el 9 de setiembre pasado, a causa de la recusación que presentó el abogado Andrés Casati en contra del entonces juez de la causa, Miguel Ángel Palacios. La Cámara de Apelaciones le dio la razón al letrado, apartó al magistrado de la causa y en su reemplazo fue designado el juez Raúl Florentín.

Los demás acusados por los “tapabocas de oro” en la Dinac

Además del extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard, el Ministerio Público acusó en la presente causa al excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Marcelo Rubén Ovelar González, al exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix y a la ex gerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez.

También están acusados y con pedido de juicio oral el ex director financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global SA” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.

La acusación presentada el 30 de abril de 2021 por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Sussy Riquelme y Juan Ledesma resalta que el esquema delictivo instalado en la Dinac no solo posibilitó desviar los fondos públicos, sino también causó un perjuicio al patrimonio de la institución.

Fiscalía habla de “esquema delictivo” para compra de tapabocas

La acusación presentada por los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma señala que en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.

Agrega que Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Proyectos Global SA, tenían conocimiento de antemano acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30, en oficinas de la Dinac.

La acusación resalta además que “las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y, además, las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económico”.

El Ministerio Público habla de un perjuicio de G. 59 millones con la compra sobrefacturada de tapabocas de la firma Proyectos Global SA, de Katherina Pamela Toñánez y Carlos Franco Vargas, quienes también fueron procesados.

Defensas afirman que daño al Estado “ya fue reparado”

Las defensas de los involucrados en el esquema delictivo, como apuntó la fiscalía, podrían ser blanqueados mediante la reparación del “daño” a la Dinac, ya que la defensa de Édgar Melgarejo agregó al expediente la devolución de G. 119 millones (monto total de la compra), además de un dictamen de la Procuraduría General de la República en el cual se resalta que el Estado ya no tiene nada que reclamar a los acusados.

Los abogados hacen referencia al artículo 25 del Código Procesal Penal, numeral 10, en que se refiere como uno de los motivos de extinción la reparación del daño a la víctima, en este caso Dinac y la Procuraduría General.

Los defensores de algunos procesados incluso plantearon que el Ministerio Público ya no tiene competencia, lo que fue rechazado en primera y segunda instancia y tiene que ser resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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