Fiscalía pide condenas de 12 y 8 años de cárcel para exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy

El fiscal Rodrigo Estigarribia solicitó hoy condenas de 12 y 8 años de cárcel para los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy, por su presunta responsabilidad en el desvío de G. 68.000 millones. Para la exdirectora de Administración y Finanzas del ente estatal, Maristela Azuaga, la Fiscalía pide una condena de 13 años de pena privativa de libertad.

El exsenador liberal y actual parlasuriano Enzo Cardozo (centro), en la sala de juicio oral y público.
El exsenador liberal y actual parlasuriano Enzo Cardozo (centro), en la sala de juicio oral y público.ARCENIO ACUÑA

Con la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público, el juicio oral y público a los exministros de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo y Rody Godoy por presunta estafa y lesión de confianza ingresó hoy a su etapa final. El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia solicitó una condena de 12 años de cárcel para el primero, actual parlasuriano y la de 8 años de penitenciaría para el que le sucedió en el cargo, Godoy.

La acusación está a cargo de los fiscales Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia, quien solicitaron además una condena de 13 años de cárcel para la exdirectora de Administración y Finanzas de la citada cartera de Estado, Maristela Azuaga. Este juicio se realiza ante el Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, presidido por Elsa García e integrada por Héctor Fabián Escobar y Gloria Hermosa.

La acusación por estafa y lesión de confianza se presentó el 6 de setiembre del 2014 y la primera fecha fijada para la audiencia preliminar fue el 17 de diciembre del mismo año.

Además del entonces senador liberal Enzo Cardozo, su antecesor Rody Godoy y la exdirectora de Administración y Finanzas Maristela Azuaga, otras 18 personas fueron acusadas por estafa y lesión de confianza mediante un desvío de G. 68.265.418.419 que debieron ser destinados a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas (Fenaprofhp), para su distribución a agricultores de 188 comités de todo el país.

Cuatro condenados y un absuelto en juicios anteriores

Este es el tercer juicio oral y público que se realiza con relación a las irregularidades registradas en la citada cartera de Estado durante los gobiernos del exobispo Fernando Lugo (2008/2012) y Federico Franco (2012/2013).

De los 36 procesados por el desvío de los más de G. 68 mil millones que debieron ser destinados a productores frutihortícolas en los años 2011 y 2012, la Fiscalía acusó a 21. Siete fueron desvinculados por la vía del sobreseimiento definitivo y los demás accedieron a diferentes salidas procesales.

Pese a que tanto los exministros Cardozo y Godoy como la exdirectora de Administración y Finanzas del MAG Maristela Azuaga integraban la nómina de acusados por lesión de confianza, estafa y otros delitos, lograron mantenerse al margen del proceso durante todos estos años, chicanas mediante.

En el primer juicio, realizado en el 2017, Silvio Riveros, Lidio Irala, Ignacio Acuña y Luis Piccardo, presidente, vicepresidente, tesorero y contador de la Fenaprofhp, respectivamente, fueron condenados a penas de 11, 9, 9 y 7 años de cárcel, en ese orden.

En un juicio posterior, exfuncionario del MAG Ricardo Arias Arca, acusado por reducción y obstrucción a la restitución de bienes, fue absuelto tras demostrar que sólo cumplió órdenes de su jefe y no era parte del esquema delictivo señalado por el Ministerio Público.

Tras condena, Estado pide resarcimiento por millonario perjuicio

En mayo del año pasado, la Procuraduría General de la República presentó una demanda contra los primeros condenados por el caso, en reclamo de indemnización de daños y perjuicios, a fin de que los sentenciados puedan resarcir el perjuicio de G. 68.965.418.419.

La millonaria suma –efectivizada en 9 desembolsos realizados entre abril del 2012 y mayo del 2013– debió ser distribuida a 188 comités de productores frutihortícolas, pero fue desviada mediante burdas maniobras.

“El tribunal penal de sentencia competente concluyó que los demandados utilizaron a los comités de productores como medio o instrumento para cometer sus delitos, ya que se comprobó que los titulares de estos comités, mediante argucias, entregaban a terceras personas o cobraban ellos mismos los cheques girados contra la cuenta corriente de la Fenaprofhp cuyos montos debían ser destinados a sus miembros, pero una vez efectivizado el dinero era entregado a los demandados. De esta forma, los productores eran engañados a firmar documentos con los cuales se hacía constatar la supuesta ejecución de los proyectos y se justificaban así –con otras documentaciones que también fueron declaradas falsas– los desembolsos recibidos por el MAG”, resalta la presentación del entonces procurador general Juan Rafael Caballero.

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