Yren y Mariana son dos miembros de la comunidad trans que esperan hace más de 6 años el cambio de nombre por el sistema judicial paraguayo, comentó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Paraguay, Rosalía Vega. Ambas se vieron obligadas a recurrir a instancias internacionales ante la clara violación de sus derechos.
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“Amnistía Internacional, a través de su campaña global denominada Escribe por los Derechos, impulsa una iniciativa de solidaridad internacional a favor de Yren y Mariana, para exigir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se expida con celeridad al respecto de la consulta constitucional, sobre los pedidos de cambio de nombres para personas trans en el Paraguay”, indicó la directora ejecutiva.
Vega explicó que la prolongada e injustificada negativa del sistema judicial nacional, para resolver sobre la solicitud, configuró una violación simultánea de múltiples derechos, entre ellos, derecho a la igualdad ante los tribunales; derecho a un juicio imparcial; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la vida privada; derecho a no ser discriminada por identidad de género.
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La representante del organismo internacional dijo que dichos derechos están contemplados en los artículos 14.1, 16, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Estado discrimina, enfatizó directiva de Amnistía
Desde Amnistía Internacional se alega que “el Estado no cumplió con su obligación de adoptar medidas legislativas conducentes a la realización de los derechos reconocidos en el Pacto y con la obligación de protección judicial, es decir, la obligación de permitir el acceso a un recurso judicial que sea efectivo”.
Vega afirmó que la situación demuestra que el Estado discrimina y excluyen a la comunidad transgénero. “Por ser personas trans no avanza el proceso. El Estado está violando derechos de estas personas”, remarcó.
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La directiva añadió que en marzo de este año, Yren y Mariana, con sus representantes jurídicos, denunciaron al Estado paraguayo ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El Ministerio Público está frenando los procesos”, dicen
Vega comentó que el Ministerio Público está frenando estos procesos y que el argumento para rectificación de nombres es que “va a generar confusión”. En ambas solicitudes de cambio de nombre, dicha institución presentó un recurso de apelación y nulidad.
El Tribunal de Apelación no resolvió los recursos planteados y envió los expedientes “en consulta constitucional” a la Sala Constitucional de la CSJ para determinar la aplicabilidad del caso.
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Vega sostuvo que, a diferencia de lo que piensan en el Ministerio Público, el cambio de nombre de las personas transgénero evitará confusiones y discriminaciones en la sociedad. “Ellos tienen derecho a tener congruencia entre su imagen y su identidad”, sentenció.
La representante de Amnistía confirmó que, además de Yren y Mariana, existen 8 casos más de personas trans que buscan cambiar sus nombres de pila en Ciudad del Este, Central, Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo.