El presidente del Consejo de la Magistratura comunicó que el pleno se constituyó en comisión para analizar y proponer el nuevo reglamento que será utilizado para la selección de la terna, con miras a elegir al próximo ministro que reemplazará a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia, a partir de marzo del 2023.
Recordemos que el mandato de Fretes fenece en marzo del próximo año.
El presidente de la Corte, Óscar Paciello, comunicó que el senador Pedro Santacruz presentó un proyecto base de reglamento, sobre el cual los miembros del Consejo estarán trabajando en las eventuales modificaciones a ese documento, a fin de aprobar el reglamento definitivo en la próxima sesión.
Añadió que organizaciones sociales pueden hacer llegar sus sugerencias para este nuevo reglamento.
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Evaluarían más allá del conocimiento académico
Con respecto al examen de conocimiento, indicó que es mucho más útil para el Consejo evaluar al postulante sobre distintos aspectos de su formación, filosofía, “y no quedarnos en un examen de conocimiento”.
Si bien este es un aspecto que a Paciello particularmente le interesa modificar, dijo que lo tendrán que discutir entre todos los miembros.
La siguiente sesión ordinaria será el próximo 19 de diciembre, aunque podría adelantarse una sesión extraordinaria para aprobar el nuevo reglamento.
Indicó que mirarán reglamentos anteriores de selección y plasmarán en el reglamento nuevo las posibles situaciones erróneas que se han verificado y evitarlas como, por ejemplo, personas que no concluyen registros de títulos, etcétera, para que no se preste la situación a interpretar que se está discriminando a candidatos.
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Plazo de postulación
La convocatoria se inicia este lunes 12 de diciembre y se publicará el edicto por cinco días.
El plazo de postulación durará 30 días. Estimativamente, el 2 de febrero concluiría el plazo de postulación y, acto seguido, se realizarán las audiencias públicas para elegir la terna.
Indicó que la terna podría estar conformada en la primera semana de marzo.
Adelantó que las audiencias públicas no se dejarán de lado, porque son las que permiten saber quiénes son aptos o no para el cargo, según criterios de honorabilidad, transparencia, etcétera.
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Una de las propuestas que manejan es que se suscriba una declaración jurada en la que el postulante se comprometa, en caso de obtener el cargo, a renunciar a su afiliación a un partido político, en caso de tenerla.
Esto, con el objetivo de blindar al sistema de justicia de cualquier tipo de injerencia partidaria.