A Ultranza: aplican cerrojo sobre bienes de supuesto testaferro del clan Insfrán

El Juzgado de Garantías de Crimen Organizado decretó el bloqueo de cuentas bancarias y otros bienes que están a nombre de Luis Iván Estigarribia Alderete, supuesto testaferro y colaborador del clan Insfrán, en el marco de la continuidad del operativo “A Ultranza Py”. La medida afecta a otros dos procesados que están prófugos.

Luis Iván Estigarribia Alderete, supuesto testaferro del clan Insfrán, tras ser detenido en la zona de Yasy Cañy (Canindeyú).
Luis Iván Estigarribia Alderete, supuesto testaferro del clan Insfrán, tras ser detenido en la zona de Yasy Cañy (Canindeyú).gentileza

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La jueza Rosarito Montanía ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias y la inhibición general de enajenar y gravar bienes para Luis Iván Estigarribia Alderete (25), procesado por presunta asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes por la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias, en el marco del operativo A Ultranza.

Estigarribia Alderete está sindicado como presunto colaborador y testaferro del clan que encabeza el prófugo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. El procesado fue detenido la semana pasada en la zona de Yasy Cañy, una localidad cercana al distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La magistrada libró oficios correspondientes para el cumplimiento efectivo de su resolución a la Dirección General de los Registros Públicos, a la Dirección Nacional de Catastro, a la Dirección del Registro de Automotores, a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y, por su intermedio, al Registro Aeronáutico Nacional (RAN), a Senacsa, a la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay, y al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).

Cerrojo también afecta a dos buscados en el operativo A Ultranza

La resolución de la jueza Rosarito Montanía con respecto al bloqueo de las cuentas bancarias e inhibición general de enajenar y gravar bienes también es contra Christian Javier Paredes Aquino y Osvaldo Acosta, quienes están con declaración de rebeldía y orden de captura desde la semana pasada.

Paredes Aquino está siendo investigado por asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes según la Ley N° 1.340/88, en carácter de coautor, mientras que Acosta fue procesado por tráfico internacional, comercialización de sustancias y asociación criminal en calidad de coautor.

En su resolución, la jueza Montanía resalta que el objeto de la medida es la inmovilización o aseguramiento provisional de los activos de los procesados, durante el procedimiento penal, que eventualmente podrían ser objeto de comiso, ya que tendrían conexión u origen con las actividades ilícitas que se investigan en la presente causa penal.

Operaciones realizadas por los procesados

Según la imputación del fiscal Deny Yoon Pak, el procesado Luis Estigarribia adquirió las cuotas sociales de esta empresa el 11 de noviembre de 2020, por valor de G. 337.500.000, junto con el coimputado Osvaldo Acosta, quien adquirió las cuotas sociales de Conrado Insfrán (único miembro del clan que se encuentra detenido), por valor de G. 15.000.000.

En este mismo acto, ambos aumentaron el capital social a G. 4.510.000.000. A Luis Estigarribia le corresponden 8.118 cuotas sociales, por valor total de G. 4.059.000.000. A Osvaldo Acosta le corresponden 902 cuotas sociales, por valor total de G. 450.000.000, según la imputación.

Luego, como representante de la firma adquirió varios bienes muebles e inmuebles, por valor total de G. 951.520.000, y un vehículo por valor de US$ 20.000, del imputado prófugo Rodrigo Montalva (propietario de la empresa Guaraní Business y secretario de Miguel Insfrán, también vinculado a Sebastián Marset, con quien enviaron 4.174 kilos de cocaína, hallados en Holanda el 30 de agosto de 2021).

El Ministerio Público considera que el dinero es producto del narcotráfico y pertenecería a los Insfrán.

Estigarribia también realizó préstamos por valor de casi G. 500.000.0000 de la cooperativa San Cristóbal, a pesar de la nota de negativa de la oficial de atención de socios, según la imputación.

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