Secretaria de Fiscalía y abogadas procesadas por presunta coima seguirán en prisión

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás ratificó la prisión preventiva de las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, procesadas por supuesto soborno agravado en calidad de autores y asociación criminal en calidad de cómplices, además de la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, imputada por presunta complicidad en la asociación criminal, en la causa en que también está procesada la fiscala de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López.

El magistrado consideró que tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la investigación, que está en curso, siguen latentes y, en consecuencia, resolvió no hacer lugar al pedido de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, solicitado por las defensas de las procesadas.

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En la audiencia de revisión de medidas, el fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitó al Juzgado de Garantías la ratificación de la prisión preventiva, con el argumento de que la investigación se encuentra en una etapa incipiente y existen varias diligencias que deben ser llevadas a cabo.

Presunto caso de coima involucra a fiscala de San Lorenzo

En la presenta causa penal, una de las procesadas es la fiscala de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Ana Elizabeth Girala López (45), por los supuestos hechos de cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, en calidad de autor.

Los demás procesados son la asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez, por cohecho pasivo y asociación criminal en calidad de cómplice, mientras que la secretaria fiscal Griselda Beatríz Acha Alcaraz, por el hecho de asociación criminal en calidad de cómplice.

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También están siendo investigados los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Liz Elena Martínez y Nélida Vicenta Alcaraz, por el hecho de soborno agravado en calidad de autores y asociación criminal en calidad de cómplices.

Proceso por presunta coima de G. 25 millones

El pasado 16 de febrero, el fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscala Ana Girala ante la denuncia de que integrantes de la misma habrían solicitado el pago de G. 25.000.000 para beneficiar a un joven procesado, hijo de la persona que presentó la denuncia.

Ese allanamiento se realizó ante las sospechas de que la fiscala Ana Girala, según la imputación fiscal, tenía a su cargo una causa por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes, en la que habría acusado a dos participantes que esperaban por la realización de la audiencia preliminar que fue fijada para el 20 de febrero pasado.

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Es así que el 7 de febrero de este año, la fiscala Girala habría iniciado el pedido de sumas de dinero, entre G. 10 millones y G. 25 millones, a cambio de plantear salidas alternativas al juicio oral al momento de la realización de la audiencia preliminar para los dos procesados.

Para ello, Girala se habría valido de su secretaria Griselda Acha, que a su vez dio indicaciones a la abogada Liz Elena Martínez para contactar con el procesado, que en ese entonces estaba privado de libertad, siempre según la imputación.