Urgen al Ejecutivo aplicar ley de pulseras electrónicas para combatir feminicidios

En sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia el ministro Víctor Ríos Ojeda pidió al Poder Ejecutivo que cumpla la ley de uso obligatorio de pulseras electrónicas en los casos de violencia doméstica, teniendo en cuenta que pese a la vigencia de la normativa hasta la fecha no se ha iniciado la implementación de los dispositivos.

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Ríos resaltó que la herramienta tecnológica ha logrado reducir a cero los casos de feminicidio en Uruguay. En ese sentido agregó que desde el momento en que entró en vigencia esta ley hasta la fecha, los casos de feminicidios en Paraguay se hubieran evitado en un altísimo porcentaje, si el Estado paraguayo cumplía la ley que él mismo promulgó.

El integrante del máximo tribunal indicó que el incumplimiento de la ley es violatorio de los principios básicos de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos; y advirtió que se podría llegar hasta instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para demandar al Paraguay por el incumplimiento de una ley vigente.

“Como ministro de la Corte Suprema de Justicia y ex proyectista de esta ley insisto, exhorto, ruego, suplico al Poder Ejecutivo que de una vez por todas aplique esa ley, que se implementen las pulseras electrónicas, porque eso va a significar salvar las vidas de muchas madres, abuelas, hermanas e hija”, finalizó Ríos Ojeda.

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Ley de uso de pulseras electrónicos, vigente desde el 2018

La Ley 5863, que establece el uso de pulseras electrónicas de control, entró en vigencia en setiembre de 2018. Sin embargo, hasta la fecha no se implementa el uso de los dispositivos debido a la falta de fondos para su adquisición, según alegan desde el Poder Ejecutivo.

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El uso de los dispositivos electrónicos está pensado para aquellas personas que tienen procesos con la justicia que pueden ser llevados sin prisión preventiva, como los arrestos domiciliarios y la orden de restricción o alejamiento en casos de violencia doméstica. El objetivo es disminuir el hacinamiento en las cárceles.

En enero de 2020 la Corte Suprema de Justicia finalmente designó a los jueces Gustavo Amarilla y Lici Sánchez para que sean los encargados de implementar un plan piloto de 45 días. Sin embargo hasta la fecha no pueden iniciar el operativo debido a que no se cuentan con los dispositivos para su uso.

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