JEM investigará casos de presunto mal desempeño de jueces y fiscala

Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), luego de que el senador Ramón Retamozo expusiera los tres casos de presunto mal desempeño de funciones, tomaron la decisión de esperar el plazo legal y en caso de que no se denuncien los presuntos hechos de negligencia, el Jurado tomará intervención con la apertura de una investigación preliminar y posterior acusación, de encontrarse mérito para ello.

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Acusación fuera del plazo benefició a agentes de la Senad

Retamozo indicó que el caso que afecta a la agente fiscal Elva Cáceres tiene relevancia porque la misma reconoció la falencia, se allanó al pedido de la defensa y los procesados fueron beneficiados con el sobreseimiento definitivo por parte del tribunal de sentencia, porque la acusación se promovió de forma extemporánea.

En este caso dos exagentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Ángel Almada y Enrique Arrúa, que estaban siendo procesados por presuntamente haber pasado informes a un narcotraficante, fueron sobreseídos sin siquiera haber pasado por un juicio oral.

Todo debido a que de manera completamente inverosímil, la fiscala a cargo de la investigación, Elva Cáceres, presentó la acusación contra los procesados el 20 de febrero de 2019, cuando la fecha que le fijó el juzgado de Garantías era el 20 de enero de 2019.

El caso investigado

El jefe de la oficina regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Itapúa, el agente especial Ángel Manuel Almada Castro, y otro agente especial de la misma oficina, Enrique Arrúa Galeano, fueron apresados en julio del año 2018 por investigadores de la misma unidad, bajo sospechas de que brindaban protección a una organización criminal liderada por los hermanos Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho, actualmente preso, y Rigoberto Bareiro Vargas, prófugo.

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El segundo caso denunciado en que una jueza reincide con beneficiar a narcos

El otro caso denunciado por el senador Ramón Retamozo fue la causa en la que interviene la jueza Karina Ruiz Diaz, del distrito de María Auxiliadora, Itapúa, quien habría concedido medidas alternativas a supuestos narcotraficantes, según las publicaciones periodísticas a las que hizo alusión.

Los antecedentes de este último caso ocurrieron supuestamente el 14 de marzo pasado cuando la magistrada otorgó el arresto domiciliario a Ariel Acosta Rojas, detenido en enero de 2022 junto a Junior Insfrán Acosta y Maglio Larré Benítez, a pesar que los mismos tenían en su poder 350 kilos de marihuana, pesos argentinos, dólares americanos, armas de fuego, vehículos y otros objetos de dudosa procedencia.

Según los antecedentes, Acosta Rojas es considerado un capo narco que envía grandes cantidades de marihuana, principalmente a la Argentina.

Sobre la jueza Ruiz Díaz, la prensa, especialmente del sur del país, se hizo eco en varias ocasiones de las medidas que frecuentemente otorga para beneficiar a procesados por narcotráfico.

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Tribunal que cambió calificación de crimen

El tercer caso al que se refirió el senador Retamozo guarda relación con una causa de condena a 15 años de prisión que recibió un joven que mató a su pareja de 17 años de edad.

Según indicó el legislador, el tribunal de sentencia de Ciudad del Este, abogados Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Recalde, cambió la calificación de feminicidio por el de homicidio doloso, y de esta manera condenó al procesado a una pena muy inferior a la solicitada por el Ministerio Público.

Disparo en el rostro

Según los antecedentes, el crimen ocurrió el pasado 20 de agosto de 2021, aproximadamente a las 22:00, en el interior de una vivienda ubicada en la ciudad de Minga Guazú. Anderson González Ocampos hirió de un disparo en el rostro a la joven con un revólver calibre 38. La afectada fue auxiliada primeramente en el Hospital Distrital de Minga Guazú y luego fue derivada al Pabellón de Emergencias Médicas de Ciudad del Este, donde se produjo su deceso.