La comunidad indígena cuenta con 48 familias de la parcialidad Mbya Guaraní que se asentaron en el sitio hace unos 70 años, según explicaron. Los habitantes se dedican a la agricultura familiar. Los nativos aseguraron que sufren permanentes amedrentamientos y amenazas de desalojo.
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Uno de los representantes de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), Mario Rivarola, comentó que constantemente reciben advertencias de que una comitiva fiscal-policial estaría incursionando en sus tierras para realizar mediciones de la propiedad para desalojarlos del lugar.
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Señaló que el jueves pasado una comitiva llegó a la zona e informó a los habitantes que el motivo de la visita era hacer una inspección técnica georreferencial para verificar la situación de las tierras y definir los límites de dominio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
Ante la situación presentada también contratarán un profesional para asesorar y representarlos en estos casos, anunció Rivarola.
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Según pobladores de la comunidad Planchada Julia, Yvy ku’i Jovai, el fiscal que encabezó el operativo es Gustavo Chamorro, asignado al distrito de Yhú.
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Intentamos hablar con el fiscal Chamorro para consultar su versión con respecto a la denuncia, pero no atendió nuestras llamadas a su celular. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema en cuestión.