Ante la jueza de Garantías Diana Carvallo Estigarribia está previsto que se inicie hoy la audiencia preliminar para al extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard y otros seis acusados de presunta lesión de confianza por la compra irregular de los “tapabocas de oro” para la institución estatal, al inicio de la pandemia de COVID-19, en el año 2020.
Esta es la 9ª ocasión que se intentará realizar la diligencia. La última fue el 23 de diciembre de 2022 cuando interinó el juzgado N° 5 el juez Miguel Palacios, pero el magistrado no pudo intervenir en esta diligencia porque había sido apartado de esta causa por la Cámara de Apelaciones por recusación promovida por el abogado Andrés Casati, defensor de la acusada Luz Chamorro Báez.
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Melgarejo Ginard, el principal acusado de la causa, fue declarado la semana pasada como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por “malversar fondos públicos para beneficio personal durante su mandato en cargo público”, según lo expresado en conferencia de prensa por el embajador de EE.UU en Paraguay Marc Ostfield.
Acusados en el caso “tapabocas de oro”
Además del extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard, el Ministerio Público acusó al excoordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Marcelo Rubén Ovelar González, al exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix y a la exgerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez.
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También están acusados y con pedido de juicio oral el exdirector financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global SA” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
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La acusación fue presentada el 30 de abril de 2021 por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Sussy Riquelme y Juan Ledesma y en la misma resalta que el esquema delictivo instalado en la Dinac no solo posibilitó desviar los fondos públicos, sino también causó un perjuicio patrimonial a la institución.
Esquema delictivo en la Dinac, según acusación fiscal
La acusación presentada por los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma señala que en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
Agrega que Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Proyectos Global SA, tenían conocimiento de antemano de la forma para operar para ofrecer las mascarillas que ofreció a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30, en oficinas de la Dinac.
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La acusación resalta además que “las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y, además, las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económico”.
El Ministerio Público habla de un perjuicio de G. 59 millones con la compra sobrefacturada de tapabocas de la firma Proyectos Global SA, de Katherina Pamela Toñánez y Carlos Franco Vargas, quienes también fueron procesados.
Aseguran que daño al Estado “ya fue reparado”
Las defensas de los involucrados en el esquema delictivo, como apuntó la fiscalía, podrían ser blanqueados mediante la reparación del “daño” a la Dinac, ya que la defensa de Édgar Melgarejo agregó al expediente la devolución de G. 119 millones (monto total de la compra), además de un dictamen de la Procuraduría General de la República en el cual se resalta que el Estado ya no tiene nada que reclamar a los acusados.
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Los abogados hacen referencia al artículo 25 del Código Procesal Penal, numeral 10, en que se refiere como uno de los motivos de extinción es la reparación del daño a la víctima, en este caso Dinac y la Procuraduría General.
Los defensores de un procesado plantearon que el Ministerio Público ya no tiene competencia ante la supuesta reparación del daño, lo que fue rechazado en primera y segunda instancias y ahora tiene que ser resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.