Los exfuncionarios de la Municipalidad de Encarnación, acusados por lesión de confianza, vuelven a ser juzgados por un nuevo tribunal que inició el juicio el pasado jueves. La Cámara de Apelaciones había anulado la sentencia anterior donde absolvieron a los mismos de la causa.
El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Eva Silva como presidenta, Deyanira Villalba y Miguel Oscar López, podría emitir una sentencia este jueves, a una semana de haber iniciado el juicio y de haberse postergado ayer en su etapa de documentales.
El municipio busca “una sanción ejemplar”, mencionó el intendente Luis Yd (Alianza), quien se presentó a declarar el pasado viernes y acompaña el proceso. Yd aseguró que la defensa admitió el hecho punible al solicitar el resarcimiento por el monto sustraído de las arcas municipales.
La tercera jornada del juicio se desarrolló ayer y el mismo quedó suspendido hasta el jueves, día en que se prevé continuar a partir de las 7:30 en el Palacio de Justicia de Encarnación.
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El caso investigado involucra a los exfuncionarios municipales Fátima Román y Ana Delia Quiroga, que manejaban las cuentas corrientes de la comuna y realizaban acreditaciones de salarios que no correspondían a las cuentas de los otros acusados: Kevin Mendoza y Fátima Caballero. En total se habrían apropiado de más de G. 400 millones de dinero público, según las investigaciones.
Antecedentes
Un Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Enrique Iglesias, Blas Zorrilla y Rossana Verón absolvió de culpa y pena en el 2022 a los cuatro exfuncionarios de la Municipalidad de Encarnación, acusados por lesión de confianza.

Los mismos habían sido sumariados y encontrados culpables en una investigación interna llevada a cabo en el año 2016 en la comuna y fueron despedidos de sus funciones.
Dicha investigación concluyó que estas personas estuvieron involucradas en la realización de transacciones bancarias de cuentas municipales a las que tenían acceso, en su calidad de funcionarios, para realizar pagos de salarios a funcionarios, mediante los cuales se acreditaban a si mismos sumas de dinero.
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Según el asesor jurídico de la Municipalidad, William Amarilla, uno de los abogados que llevó adelante la investigación interna, el perjuicio a la comuna fue de unos G. 480 millones.
La Cámara de Apelaciones anuló dicha sentencia, por la que se conformó este nuevo tribunal que inició el nuevo proceso de juzgamiento.
