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El abogado Greco Mereles Torres, con matrícula de la Corte Suprema N° 30.624, en nombre de su cliente (cuyo nombre omite) en la causa penal que tiene representación, denunció el 9 de marzo de 2023 ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a los miembros del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Horqueta, Concepción, doctores Darío Hernán Estigarribia Ramírez, Alberto David Argüello Diaz y Griselda Shirley Morales, por supuesto mal desempeño de funciones.
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La acusación por presunto mal desempeño de funciones de igual manera fue promovida contra el agente fiscal antidrogas Ysaac Ferreira Villamayor.
La acusación de mala praxis se verificó, según el acusador, en la causa caratulada “Ministerio Público c/ José María Bogado, César Isnardi Quevedo y Vicente Arévalos s/ posesión y tráfico de drogas peligrosas en la Colonia Fortuna Guazu del distrito de Pedro Juan Caballero”.
Los procesados Bogado y Quevedo fueron concejales departamentales de Amambay y Arévalos es agente de Policía,
Los antecedentes de la acusación
El abogado acusador Greco Mereles Torres refiere que el 15 de enero de 2015 se inició una investigación de tráfico de drogas ocurrido supuestamente en la Colonia Fortuna Guazu, pero en dicha ocasión nadie fue aprehendido.
Sin embargo, Mereles Torres refiere que la prensa le endilgó a su cliente un supuesto hecho delictivo y a partir de allí, el Ministerio Público inició una investigación por el hecho punible de resistencia, pero como la denuncia era falsa, la Fiscalía desistió en un primer momento. Sin embargo, al poco tiempo, el Ministerio Público igual insistió con la investigación y para ello cambió de fiscal, porque el primer agente no había encontrado nada.
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Este segundo fiscal, Ysaac Ferreira Villamayor amplió el hecho punible investigado por tráfico de drogas peligrosas, y “así empezó el calvario de mi defendido porque el juez de garantías de entonces por la presión que tenía, imputó y a partir de entonces se iniciaron las arbitrariedades”, refiere el denunciante.
A partir de entonces, “el fiscal Ferreira Villamayor junto con los jueces acusados por mala praxis, Darío Hernán Estigarribia Ramírez, Alberto David Argüello Diaz y Griselda Shirley Morales, actuaron en contubernio y avalaron las atrocidades”, acusó el abogado.
El denunciante ante el JEM también refirió que la causa tuvo un considerable retardo porque el Ministerio Público planteó una acción de inconstitucionalidad porque quería acumular esta causa con otra de supuesto narcotráfico cometido presuntamente por agentes de la Policía Nacional. La Corte tardó 4 años y 5 meses para resolver la acción mencionada, según el acusador.
Posteriormente, el agente fiscal antidrogas Ysaac Ferreira solicitó al tribunal de sentencia la transferencia de la jurisdicción de Horqueta a la Agrupación Especializada, manifestando como su argumento que este tribunal colegiado fue amenazado en un caso conexo con el que pretendían acumular.
Agrega, que el tribunal de sentencia, sin investigar la supuesta amenaza denunciada por el fiscal Ferreira, transfiere de forma irregular a la jurisdicción de la Agrupación Especializada de la capital.
El denunciante asimismo refiere que la Corte Suprema de Justicia no dispone de recursos para alojamientos, alimentación y transporte para desplazamiento de los jueces, secretarios y dactilógrafos del Poder Judicial, por ello los magistrados acusados ante el Jurado van a pagar de su propio peculio los gastos en que incurran, con lo que se constata la violación del Art. 16 de la Constitución Nacional que dispone que los jueces deben ser independientes e imparciales.
Otra irregularidad constatada en el expediente es que el 13 de diciembre de 2022 el tribunal de sentencia dictó la providencia por la cual fijó fechas de audiencias del juicio oral para los días 7, 8, 9 y 10 de febrero de 2023, en la Agrupación Especializada. Sorpresivamente, el 26 de diciembre de 2022 el fiscal Ferreira presenta el incidente de “revocatoria de la medida cautelar” y sin presentar ningún documento como prueba que demuestre que el procesado haya violado la medida impuesta por el tribunal, éste ordenó la revisión del arresto domiciliario que gozaba su cliente, indica el abogado.
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El caso del presunto narcotráfico
Los concejales departamentales José María Bogado (ANR) y César Augusto Quevedo (PLRA) y el oficial de policía Vicente Arévalos Coronel son los acusados por supuesto tráfico de drogas y deben enfrentar juicio oral y público.
En enero de 2015, la Policía Antinarcóticos decomisó 252 kilos de cocaína dentro de la estancia “Kamba Kua”, ubicada en la colonia Fortuna Guazú del distrito de Zanja Pytã, distante a 20 kilómetros de Pedro Juan Caballero. Dicha cantidad de droga, en el ámbito local, está valuada en unos US$ 800.000.
Fueron individualizados como presuntos responsables de la carga los concejales departamentales de Amambay y el policía ahora acusados. El citado edil colorado es cuñado del diputado amambaiense Marcial Lezcano Paredes (ANR), quien aparece en una lista de “narcopolíticos” dada a conocer por el exsenador Arnaldo Giuzzio (PDP) y que además votó a favor de la aprobación de un proyecto de ley “pronarco”, que no prosperó.
Los miembros del JEM
Integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el diputado Rodrigo Blanco Amarilla (presidente), el senador Ramón Retamozo (vicepresidente), y los miembros Alfredo Enrique Kronawetter, Oscar Paciello, senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, el diputado Hernán David Rivas y el ministro de Corte Manuel Ramírez Candia.
También fue designado miembro del Jurado el ministro César Garay Zuccolillo, quien sustituirá al actual presidente de la Corte César Manuel Diesel, quien pidió permiso durante el tiempo de su presidencia.