Asdrúbal Fretes Valenzano, uno de los hijos del exministro de la Corte Antonio Fretes, presionó para que el Indert pague unos G. 60.000 millones por 1.999 hectáreas ubicadas en el distrito de San Rafael del Paraná, departamento de Alto Paraná, según lo declarado ayer por Mario Alfredo Vega Mereles en el juicio oral y público que afronta por supuesta lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.
La propuesta de venta fue presentada al Indert en el año 2013 por parte del abogado Gregorio Acosta Talavera, en presentación de Eduardo Elías Hrisuk Klekoc (dirigente colorado de Encarnación beneficiado con varios contratos con el Estado), quien ofreció las tierras a razón de unos G. 30 millones la hectárea. Es decir, cerca de unos G. 60.000 millones.
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El negociado casi avanzó en el primer año del gobierno de Mario Abdo Benítez, a causa de las fuertes presiones que existieron, incluso de parte de integrantes del “primer anillo” del titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo al relato de Mario Vega.
Cuando el ahora acusado asumió al frente del Indert (octubre de 2019) se interiorizó del caso y se percató de que el inmueble ofrecido por Acosta Talavera se superponía a varios terrenos empadronados y titulados.
Mario Vega relató visitas de Asdrúbal Fretes al Indert para presionar
Asdrúbal Fretes visitó en varias ocasiones a Vega para pedirle que el Indert apruebe el pago de casi US$ 10 millones (al cambio de ese año) por el inmueble en cuestión.
Ante la negativa, el hijo del entonces ministro de la Corte Antonio Fretes dijo al jefe de Gabinete del Indert “parece que el presidente (Vega) no sabe quién soy yo”.
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El 29 de febrero de 2020 la Junta Asesora y de Control de Gestión de Indert rechazó la carta oferta de Gregorio Acosta Talavera.
Vega fue imputado el 19 de octubre de 2020 y ese mismo día fue destituido por Abdo Benítez del Indert.
Según la fiscalía, un representante de la fundación Cerro Lambaré habría pagado a Vega la suma de US$ 245 mil para que el Indert siga haciendo desembolsos a favor de la mencionada oenegé.
Vega también se aumentó a 12 millones de guaraníes el monto del cobro de una bonificación pese a que tenía prohibido a acceder a este beneficio, según la Fiscalía.