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La agente fiscal de la Unidad N°1, Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Paraguarí, Mercedes Vera Monges, interpuso recurso de apelación general contra el Auto Interlocutorio N°374 y N°375 del 22 de julio, dictado por el Juez de Garantías de Ybycuí, Guillermo Ortega Brítez.
El magistrado dio lugar a la revisión de medidas cautelares. Además, en consecuencia suspendió la medida de prisión preventiva para los imputados Hugo Ariel Canata Alonso (25) y su pareja Ángela Penayo Vega (33), domiciliados en el barrio Santa Teresita.
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La representante del Ministerio Público, en su recurso de apelación, manifestó que dicha diligencia realizó atendiendo a lo que dispone el Código Procesal Paraguayo, en su artículo 461, inciso N°11, que dice que la apelación procederá contra todas aquellas que causen agravio irreparable.
Se confirmó flagrancia
La fiscala señala que antes del allanamiento realizado el 30 de junio de este año, se corroboró primeramente la denuncia del personal Antinarcóticos sobre la comercialización de sustancias prohibidas y se confirmó la flagrancia del hecho punible, con elementos fundados y las evidencias incautadas en la bodega ubicada en el barrio Santa Teresita.
En la ocasión se habían incautado 50,50 gramos de supuesta cocaína, equivalentes a aproximadamente 300 dosis; 21,99 gramos de supuesta marihuana, cuatro aparatos celulares de la marca Sansung, una pistola de aire comprimido y G. 18.986.000.
Benevolencia de Juez alentaría comercialización de narcóticos
En su nota de apelación, la agente fiscal manifestó que es muy llamativa la actuación del juez, que no cumple con los plazos procesales. Argumentó que fijó audiencia de revisión de medidas cautelares a las 10:00. Sin embargo, al Ministerio Público ae le notificó recién en el día, dos horas antes de la audiencia. El Código Procesal Paraguayo establece que la convocatoria a las partes debe realizarse 48 horas antes.
En otro apartado de su apelación, la agente fiscal señaló que el Ministerio Público, con el respaldo de otras instituciones, luchan contra el flagelo de la comercialización de sustancias prohibidas en el departamento de Paraguarí. Sin embargo, “si los jueces benefician con medidas alternativas a la prisión preventiva o arresto domiciliario al procesado de este tipo de hechos, se estaría dando un especial incentivo a que dicha actividad ilícita se intensifique”. “Se da más la comercialización de las drogas en la zona y desalienta el combate del hecho ilícito”, lamentó la investigadora.