Aportantes y jubilados dicen no rotundo a proyecto de “privatización de seguridad social”

Este jueves a partir de las 09:00, jubilados y trabajadores de otros gremios aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), aglutinados en la Corriente Sindical Clasista y en otras organizaciones, se autoconvocaron frente al Congreso Nacional para un mitin en el que exigen a los legisladores que se rechace el proyecto de ley que busca “privatizar la seguridad social”, según dijeron.

Aportantes y jubilados advierten que la privatización de los fondos jubilatorios afectaría notablemente al sistema solidario de repartos de los aportes.
Aportantes y jubilados advierten que la privatización de los fondos jubilatorios afectaría notablemente al sistema solidario de repartos de los aportes.Gentileza

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A partir de las 09:00 de este jueves, trabajadores aportantes del IPS de diferentes gremios, así como jubilados, se reunieron frente al Congreso Nacional para un mitin en el que exigieron a los legisladores que se rechace el proyecto de ley que -aseguran- busca privatizar la seguridad social.

Trabajadores, ya sea independientes o aglutinados en la Corriente Sindical Clasista (CSC) y otras organizaciones tanto de aportantes como de jubilados, protestaron frente al Poder Legislativo, reclamando que el IPS mantenga el mismo sistema de reparto solidario y que no se privatice.

Presentaron una nota al presidente del Congreso Nacional exigiendo concretamente “el rechazo al proyecto de ley sobre la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, presentado por Santi Peña y sus parlamentarios”, dijo Alberto Ramírez, secretario general de la Asociación de Jubilados del IPS.

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Se excluiría responsabilidad del Estado, advierten

El entrevistado detalló que dicho proyecto de ley plantea privatizar la seguridad social, excluyendo la responsabilidad del Estado y la patronal, además de aumentar la edad para la jubilación y los años del prorrateo para jubilarse.

Alberto Ramírez enfatizó que les preocupa mucho este proyecto de ley porque consideran que es “inconstitucional y además es un ejemplo de que ellos quieren enajenar los bienes de IPS. Estos no les pertenecen al Estado”, sostuvo.

Recordó que la previsional es una entidad autónoma que está creada por una ley.

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“Quieren liquidar IPS”

Ante esto, pidieron a los demás trabajadores salir a las calles y defender el instituto. “Hace tres periodos atrás, IPS viene en decadencia y los órganos que tendrían que velar porque esto se administre bien para la gente no se preocupan. En vez de solucionar el problema de la corrupción y mala administración, quieren liquidar IPS”, lamentó Ramírez.

Por su parte, Eduardo Ojeda, representante de la Corriente Sindical Clasista (CSC), dijo que están totalmente en contra de la supervisión del Estado sobre los fondos jubilatorios.

“La reglamentación del artículo 95 de la Constitución que lleva adelante el gobierno de Peña con sus parlamentarios le da absoluto poder a la Superintendencia. Es alarmante”, expresó Ojeda.

Alertan que nuevo sistema traerá miseria a trabajadores

El sindicalista alertó que la privatización significa que el proyecto de ley “incorpora como hegemonía el sistema de capitalización individual. Ese sistema de administración de fondos de pensión dejó en la miseria a trabajadores de Chile y otros países. Más aún ocurrirá así en nuestro país, con instituciones vulnerables y autoridades corruptas”, advirtió.

Aseguró incluso que el mencionado proyecto de ley autoriza a la superintendencia a impulsar inversiones de fondos jubilatorios a nivel internacional y nacional.

Ojeda manifestó que de esta manera “se crearán condiciones para que no tengamos jubilación digna”.

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“Van a acogotar la caja”

“Este proyecto va a liquidar cajas existentes, todas las condiciones que pone la Superintendencia en su proyecto van a acogotar la caja y crear condiciones para que aumente la edad de jubilación, así como la cantidad de aportes”, agregó el sindicalista.

Explicó que actualmente se hace un promedio de tres años para los cálculos de jubilación y que con este proyecto se plantea elevar el prorrateo “a 10 ó 15 años”.

Finalmente, indicó que lo que piden es la apertura de un debate nacional sobre la situación de las cajas y defender el sistema universal solidario de repartos.

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