Buscan que INDERT “converse” mejor con Registros Públicos y Catastro

Entre los desafíos que enfrenta el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) se destacan dos, la titánica tarea de titular unas 130.000 fincas campesinas y la multimillonaria deuda que arrastra el ente por expropiaciones y compras de tierra, según indicó el nuevo presidente de la autarquía, Econ. Francisco Ruíz Díaz.

Explicó que el Indert venía entregando título de pequeñas propiedades, aproximadamente en un volumen de 400 por año, y con la implementación del Sistema de Información de Recurso de la Tierra (SIRT) se empezó a duplicar, elevando la formalización de las fincas rurales en cerca de 900 por año.

“Pero aunque se llegara a titular 1.000 fincas por año, con unas 130.000 fincas, se requerían cerca de 130 años, lo que significa que se debe empezar a trabajar para transformar la forma de trabajar para otorgar más aceleradamente los títulos de propiedades”, explicó Ruíz Díaz.

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Mencionó que es clave que el Indert “converse mejor” con el Servicio Nacional de Catastro y con la Dirección General de Registros Públicos, porque justamente el hecho de que dichas instituciones no puedan cruzar sus datos es lo que generan las condiciones problemáticas, principalmente porque muchos procesos son manuales.

“La cuestión para dar soluciones es digitalizar y hacer que todas las transacciones entre las instituciones entren en un sistema automático para que conversen y así volver interoperable el Catastro Rural y Registros Públicos”, dijo.

Añadió que hay una ley del 2015 que afecta al Indert, que nunca se pudo cumplir, que dice, que el ente rural debe pasar todos sus datos a Catastro, pero que no puede hacerlo, porque primero se debe trabajar en la digitalizacion y la interoperabilidad, para lo cual hace falta tiempo y recursos, señaló. Opinó que la corrupción interna podrá ir disminuyendo con la transparencia que se impulsará y con la digitalización de los procesos.

Respecto a las deudas que arrastra el Indert no quiso aventurar cifras pero que se abocará en deliminarla, porque en su antiguo cargo al frente de Catastro le había llegado una ley de expropiación de una tierra supuestamente privada pero que estaba sobre una propiedad del Indert, porque las documentaciones eran falsas.

Según los datos de la anterior administración, la deuda por tierras “adquiridas” por expropiación por parte del Indert y entes que le precedieron (IBR e IRA) se estima en unos G. 700.000 millones y en el caso de que a partir de ahora se comience a pagar, el instituto podrá cumplir con todos sus compromisos recién en un plazo de 35 años.

En relación al proyecto de integrar el Indert nuevamente al MAG, dijo que en realidad no conoce la propuesta en detalle, pero opinó que el formato institucional es irrelevante en sí mismo, porque de hecho la ley del Indert y del Estatuto Agrario son de primer mundo, pero no funciona como se espera.

Acuerdo de coordinación con Registros Públicos

Ruiz Díaz informó que una de sus primeras acciones fue acordar con la Dirección General de los Registros Públicos mecanismos de coordinación para acelerar la titulación masiva de tierras agrícolas.

Destacó que fue por indicaciones del presidente de la República, Santiago Peña, que se acordó emprender acciones conjuntas con la directora de la referida dependencia de la Corte Suprema de Justicia, Abog. Lourdes González, quien se comprometió en facilitar los trámites que permitan agilizar y regularizar la tenencia de los lotes otorgados en el marco del Estatuto Agrario.