La fiscala suspendida Ana Girala, acusada de supuesto cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, asociación criminal y persecución de inocentes; debe comparecer esta mañana para su audiencia preliminar ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás.
El fiscal anticorrupción Osmar Legal pide que la agente vaya a juicio oral; así como la asistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo Christi Magalí Ortega Domínguez; y la secretaria de dicha unidad fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz. Ambas están acusadas como coautoras y cómplices de los hechos punibles de extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y persecución de inocentes.
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Los demás acusados con pedido de juicio oral son los abogados Liz Elena Martínez Robles, presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; Marcos Aurelio Velazco Mendoza, por los presuntos hechos de soborno agravado, tráfico de influencias y asociación criminal; y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.
La investigación realizada por el fiscal Osmar Legal a la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo a cargo de Ana Girala se inició a partir de una denuncia realizada a inicios de febrero de este año, por un ciudadano al que le pidieron G. 25 millones para no acusar a su hijo, en un caso de tentativa de homicidio doloso y otros delitos, pero desnudó casi una treintena de casos de “apriete”.
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Ana Girala dirigía esquema de “apriete”, según la acusación
El 16 de febrero pasado se realizó una entrega vigilada y fueron fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La investigación permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.
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La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación.
Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz, recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaria fiscal de la Unidad Penal No 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.
“(...) éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de la solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre las ellas”, destaca en su escrito conclusivo el fiscal Legal, quien presentó 28 casos de “aprietes” desde setiembre del año pasado, inclusive.
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Dinero y mesa a cambio de imputar
Entre el 19 de octubre de 2022 y el 1 de diciembre de 2022, las acusadas fiscala de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López y su secretaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz negociaron para imputar en una causa por producción de documentos no auténticos. Pidieron al denunciante, hoy imputado, Higinio Duarte Benítez, la suma de G. 30 millones para imputar al denunciado, pero recibieron G. 15 millones, según la acusación del fiscal Osmar Legal.
En la imputación a Duarte, figura que entre el 11 y 17 de noviembre de 2022, esta persona entregó G. 15 millones a Girala por la imputación.
En esta causa, Acha habría intermediado por su pareja Higinio Duarte ante Girala diciendo: “me dijo que quiere una imputación y va ver algo si es así”, a lo que la agente le respondió “no hay luego nada gratis”, pero que no podía imputar por una simple denuncia sin que antes se haga una pericia.
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Como la suma exigida fue muy alta, negociaron hasta coincidir en G. 15 millones. Además, la agente del Ministerio Público también adquirió una mesa de lapacho para quincho por G. 2.500.000 de Duarte, por debajo de su costo real, lo que sirvió como parte del pago por el favor. A esto se suma, que del imputado también intentaron obtener beneficios para “recuperar” la otra parte del dinero exigido, siempre según la acusación.