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Son 54 personas que fueron contratadas por la Ley de Emergencias Penitenciaria en el 2019, de las cuales 28 funcionarios recibieron la notificación de desvinculación.
Los mismos manifestaron que dicha desvinculación es totalmente injustificada y exigen al Ministro de Justicia y al director general que les pueda explicar el porqué y exigen la reincorporación.
Alcides Esteve comentó que “el día viernes nos llegó nuestra desvinculación sin ninguna clase de justificación. Somos 28 los afectados y les pedimos a las autoridades correspondientes que nos puedan explicar por qué nos deja sin trabajo. Tenemos familias que mantener, hijos a quienes tenemos que dar de comer”.
“Nosotros cumplimos como tenía que ser con nuestras labores y por eso pedimos una explicación concreta. Vamos a estar cerrando la ruta cada media hora por quince minutos hasta que salgan a hablar con nosotros”, expresó Esteve.
Durante el cierre de ruta, los funcionarios pidieron la reincorporación. “Pedimos nuestras reincorporación al trabajo; sin causa justificada nos sacaron para meter otros funcionarios aparentemente por cuestiones políticas”, indicó.