El voto del magistrado Cristóbal Sánchez, al que se adhirió el camarista José A. Fernández, puntualiza que el juez José Agustín Delmás se basó en una resolución que fue revocada para declarar a Iván Balbuena “litigante de mala fe”, decretar su rebeldía y ordenar su captura.
Sánchez resalta en su voto que “cualquier decisión judicial que se base en una resolución revocada carece de validez y no existe otro remedio que su declaración de nulidad”.
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Este fallo del Tribunal de Alzada aparta de la causa al juez de Garantías José A. Delmás, quien el 18 de julio pasado había dictado el Auto Interlocutorio Nº 369 que ahora es anulado. El caso quedaría a cargo del otro Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, que está a cargo del juez Humberto Otazú.
“Actitud dilatoria” de presunto testaferro de RGD
La camarista Andrea Vera Aldana, quien votó en disidencia por confirmar la resolución apelada, afirma que existe “una clara intención de dilatar el proceso”, teniendo en cuenta que a través de su defensor, el Abg. Guillermo Duarte, el acusado Iván Balbuena ha planteado diversas chicanas en contra de las providencias que convocaron la audiencia de imposición de medidas, incluso recusó al juez José Agustín Delmás.
Agrega que teniendo en cuenta que dicha diligencia está pendiente desde el 17 de marzo de este año, el juez de Garantías actuó conforme al artículo 367 de Código Procesal Penal, al declarar en rebeldía y ordenar la captura de Iván Balbuena, a fin de garantizar su sometimiento al presente proceso.
La semana pasada, el fiscal Giovanni Grisetti presentó acusación y pidió al juzgado que eleve a juicio oral la causa que afronta el hijo de la jueza Marlene Ruiz Díaz, por presunta apropiación.
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Hecho atribuido al supuesto testaferro de RGD
De acuerdo con la acusación, Balbuena Ruiz Díaz protagonizó una serie de llamativos movimientos con un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) que le fue embargado al exdirigente deportivo Ramón Mario González Daher, según la denuncia formulada ante el Ministerio Público por la Financiera Finexpar SAECA el 17 de junio del año 2022.
Según el relato de hechos, el 10 de junio de 2015 Finexpar SAECA contrató los servicios profesionales de Iván Balbuena, a los efectos de proporcionar servicios profesionales de demandas de cobros de sumas de dinero en forma judicial y/o extrajudicial para las operaciones financieras de clientes (personas físicas y jurídicas).
En ese sentido, la firma Finexpar SAECA le proporcionó títulos ejecutivos bajo constancia de recibo de las carteras de clientes para llevar a cabo los servicios contratados, al parecer comprometiéndose el mismo al resguardo y a la correcta ejecución de estos en el fuero correspondiente.
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Balbuena, en el marco de su contrato, debía informar sobre los avances en cada uno de sus casos. Incluso, la firma Finexpar realizó una auditoría de gestión que reveló que hay documentos por valor de G. 1.645.904.213 que no fueron entregados por el abogado.