Operativo Tartufo: Fiscalía pide penas de entre 6 y 10 años de cárcel para acusados

En la presentación de sus alegatos finales, el fiscal de delitos económicos Rodrigo Estigarribia solicitó hoy condenas de 6 a 10 años de penas privativas de libertad para cinco de los seis acusados como derivación del Operativo Tartufo, realizado el 30 de marzo del 2021 en la cabecera del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este.

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Las penas requeridas por la comisión de los delitos de cohecho pasivo agravado, contrabando y asociación criminal son las siguientes:

• Virgilio Miguel Ferreira Cabanella: 10 años de pena privativa de libertad
• Luciano Florenciano Duarte: 8 años de pena privativa de libertad
• Eusebio Santacruz Duarte: 8 años de pena privativa de libertad
• Jacinto Enrique Blanco Roa: 9 años de pena privativa de libertad
• Pedro Rubén Báez Zacarías: 6 años de pena privativa de libertad.

Blanco Roa es suboficial de la Marina, mientras que los demás acusados son funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Para el sexto acusado, el aduanero Antonio Oporto, el agente fiscal solicitó la absolución, por duda, pues estaba alejado de los demás y no se reunió suficientes pruebas para corroborar su responsabilidad en los hechos investigados. Estigarribia argumentó que se comprobó que el mismo tiene facultades mentales disminuidas.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó el comiso de los G. 10 millones requisados a los acusados durante el operativo. Hay otras tres personas procesadas por el mismo caso, dos de ellas fueron condenadas en un procedimiento abreviado y la tercera, está prófuga de la justicia.

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El esquema desmantelado con el Operativo Tartufo

“En el juicio quedó plenamente demostrado a través de las imágenes la conducta de estas personas, principalmente la de Virgilio Ferreira y también de los otros acusados, donde se observa que recibían dinero para hacer pasar productos frutihortícolas, hablamos de tomate, cebolla, y también de cemento”, explicó Estigarribia. Las pruebas ofrecidas en juicio son resultado de una filmación realizada con cámara oculta durante dos semanas, así como imágenes obtenidas de cámaras de circuito cerrado de la zona.

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“Esta fue una organización. En el primer día de filmaciones se demostró que hablaban de cómo y quién iba a cobrar, dónde iban a guardar la plata, cómo se iban a dividir las tareas y esto fue lo que sucedió: las personas llegaban, formaban filas fuera de la caseta de aduanas, ingresaban por turno a cambio de entregar esas sumas de dinero. Habían algunas personas que estaban afuera y hacían pasar a estas personas; inclusive quedó demostrado que a una de las paseras, que era una mujer, se realizaron actos sexuales en ese lugar y también les pagaban para hacer pasar esas mercaderías”, agregó el fiscal.

El agente fiscal señaló que los aduaneros y el militar acusados exigían sumas que iban desde G. 100 mil hasta G. 300 mil por persona, e incluso hubo un caso en que dejaron pasar cinco vehículos por G. 1.700.000.

El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos presidido por Claudia Criscioni e integrado con Yolanda Morel y Jesús Riera como miembros titulares. Las defensas presentarán sus alegatos finales el jueves 30, a partir de las 10:30.

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¿Por qué Tartufo?

El operativo fue bautizado con el nombre de Tartufo, un personaje de una comedia del siglo XVII que fingió ser un devoto con intenciones de apoderarse de la riqueza ajena. En una conferencia de prensa brindada luego del operativo, el entonces ministro de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando (UIC) Emilio Fúster comparó a los funcionarios detenidos con el citado personaje Tartufo.

“Eran personas hipócritas y falsas. Tenían uniforme, pero finalmente no cumplían con su rol. Incluso en ese lugar simulaban incautaciones de pequeñas cantidades de azúcar y verduras. Les decían (a los contrabandistas): yo tengo que justificar mi puesto; traena pollo, huevo (sic) y con eso le voy a decir a mis superiores y a la autoridad encargada que estamos incautando”, añadió el entonces titular de la UIC.

Los aduaneros y marinos del Puente de la Amistad coordinaban con los propios contrabandistas ejecutar pequeñas incautaciones, a cambio de dejar pasar voluminosos cargamentos, según indicaron los intervinientes.

El operativo Tartufo se realizó a partir de una denuncia presentada por el ministro de la Secretaría Anticorrupción de la época, René Fernández, ante la sospecha de que en una oficina de control se cobraba coima para el paso de mercaderías desde Brasil a Paraguay.

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