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El conflicto por la tenencia de tierras de la Colonia Pindo’ i se viene arrastrando desde el 2014, año en que fueron ocupadas por supuestos campesinos sin tierra. Desde entonces se han registrado dos grandes desalojos y enfrentamientos entre los ocupantes ilegales y dueños de predios.
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Uno de los enfrentamientos más graves se registró el 2 de octubre de 2018, momento en que un grupo de productores descendientes de brasileños atacaron a mano armada a los supuestos sin tierra. En esa ocasión, un hombre recibió una herida de arma de fuego, pero no hubo víctimas fatales.
En medio de la tensión en el sitio, el 17 de abril de 2019, el entonces titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Denis Lichi, y el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Horacio Manuel Torres, habían propuesto la compra de parte de los predios en disputa para entregar a los autodenominados campesinos sin tierra como una forma de lograr la pacificación en el lugar.
Pasaron más de 4 años y aparentemente la paciencia de los dueños de los inmuebles ya está llegando a su fin.
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Ante la situación, los dueños de tierras, representados por Elvio Just, iniciaron un juicio de reivindicación de tierras y solicitaron la autorización de ingreso en los mismos a los efectos de “realizar labores de conservación de suelo, limpieza, mantenimiento, plantaciones, cultivos y cosechas”.
El representante de los ocupantes de tierras, abogado Eduardo Franco, manifestó que anteriormente el caso estaba a cargo de la jueza en lo Civil de Caaguazú, Mariza Centurión, quien fue reemplazada por el juez Wilfrido Ovelar Vera. Explicó que mañana el juez Ovelar Vera tiene previsto realizar una constitución judicial en el lugar con el fin de constatar la situación en que se encuentra el predio.
Agregó que la propuesta del Gobierno de adquirir una parte de las tierras en cuestión no prosperó y que la crisis se vuelve a agudizar en el sitio.
Contactamos con el representante de los productores, Elvio Just, pero este se negó a dar declaraciones sobre el tema y cortó abrúptamente la comunicación telefónica.
También intentamos conversar con el presidente del Indert, Francisco Carlos Ruiz Díaz López, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.