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La jueza Elsa García, presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran sus colegas Juan Pablo Mendoza y Yolanda Morel, informó que el juicio oral y público a Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira Pascottini y otros tres acusados por presunto contrabando de los “insumos chinos” finalizará el martes 5 de diciembre, a las 7:30, y no en la fecha, como el propio colegiado había fijado la semana pasada.
El juzgamiento se retomó minutos antes de las 8:00 de este martes y el Tribunal de Sentencia solo escuchó la dúplica del Abg. César Alfonso, representante legal de la acusada Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de Imedic. Las demás defensas presentarán su dúplica en la audiencia de la próxima semana.
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Los demás juzgados en la presente causa conocida como el caso de los “insumos chinos” son el despachante de Aduanas Carlos Gamarra y los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Acosta Acosta.
La semana pasada, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no hacer lugar al recurso de aclaratoria planteado por la defensa de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira Pascottini con respecto a la excepción de inconstitucionalidad que el máximo tribunal rechazó en la causa. Con esta resolución, el Tribunal de Sentencia tiene vía libre para dictar su veredicto.
‘Clan Ferreira’ se expone a 6 años de cárcel
En sus alegatos finales, los fiscales Osmar Legal, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia pidieron que los directivos de la firma Imedic SA Justo Ferreira Servín y su hija Patricia Ferreira Pascottini sean condenados a 6 años de pena privativa de libertad por contrabando, producción y uso de documentos no auténticos y asociación criminal.
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Para el despachante de aduanas Carlos Gamarra la Fiscalía solicitó la condena de 4 años de cárcel por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que para los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Acosta Acosta la pena requerida fue de 5 años de pena privativa de libertad por el delito de “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”.
La acusación fiscal resalta que en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660 millones, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080 millones y camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril del año 2020 arribaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450, y el excedente (50) eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron a territorio paraguayo, según sostiene la fiscalía.
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Justo Ferreira alega “desliz administrativo”
El acusado de supuesto contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por el caso de los insumos chinos Justo Ferreira Servín afirmó que al inicio de la pandemia en la firma Insumos Médicos (Imedic) se resolvió que la empresa no participaría de ninguna licitación debido a que los precios de todos los insumos se incrementaron por lo menos diez veces más del costo normal, en todo el mundo, a consecuencia de la situación sanitaria.
Sin embargo, pocos días después cambió de postura porque su hija menor es una profesional de blanco que “estaba en la primera línea de batalla contra el virus y no tenían ni tapabocas ni mucho menos trajes de protección”, según argumentó el acusado.
“Nunca nos avisaron que existían mecanismos para el despacho. A mí me indicaron sobre la metodología recién cuando llegó el cargamento de insumos, que todos en el país necesitábamos. Como no todas las camas tenían la documentación requerida nos aplicaron una multa en Aduanas, pagamos esa multa y liberaron los productos”, puntualizó Ferreira.
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El acusado puntualizó que desde hace 40 años trabaja en el rubro y que nunca sufrió un ataque “tan inmisericorde” como el que se inició desde que los insumos chinos fueron rechazados, debido a que el Ministerio de Salud Pública les canceló el contrato.