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Ayer, los diputados cartistas le dieron media sanción a un cuestionado proyecto de ley que disminuye las penas para los corruptos que devuelven el dinero robado. El extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero Carlos Arregui cuestionó con firmeza la iniciativa del diputado Yamil Esgaib, por diversos puntos.
Por un lado, confirmó que la ley sería retroactiva, pues el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado”.
Destacó que es probable que muchos se beneficien con la ley, en caso de ser promulgada, sobre todo debido a la mayoría cartista en todos los estamentos del Estado y de la Justicia. “Es muy probable que se pueda interpretar de esa manera”, indicó.
Modificar la ley anticorruptos afectará calificación de Gafilat
Como uno de los negociadores del gobierno pasado en torno a las normativas para mejorar la calificación de Paraguay en los análisis del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Arregui confirmó que la promulgación de la ley sin duda afectará al país en ese sentido.
“Seguramente, en las instancias correspondientes se va a cuestionar, porque eran leyes trabajadas con mucho tiempo de reflexión y participación, era una ley acorde a los estándares internacionales. Con esto estamos dando marcha atrás”, cuestionó.
“De confirmarse en el Senado, estaríamos sentando un precedente sumamente negativo institucionalmente”, cuestionó. El exfiscal señaló que el proyecto va de “contramano” con toda la corriente de normativas que se están aprobando en Latinoamérica, con sanciones ejemplares para funcionarios públicos corruptos.
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“Esto se hizo sin ningún tipo de planificación sistémica”, criticó y señaló que es evidente que de la redacción del proyecto no participaron los estamentos de Justicia.
¿Qué plantea la ley?
El proyecto de ley impulsado por el cartista Yamil Esgaib plantea modificar el artículo 67 del Código Penal paraguayo.
El objetivo es establecer que “cuando se trate de hechos punibles contra el erario público cometidos por funcionarios, la pena podrá ser atenuada hasta el 50% (cincuenta por ciento) del marco penal máximo, en caso en que la persona devuelva el dinero”.
Es decir, en el caso de ser descubiertos los hechos de corrupción, se podrían reducir sustancialmente las penas si el funcionario simplemente devuelve al Estado lo robado.
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