Sentenciarán por el vaciamiento a la Aso de Funcionarios Públicos y Docentes

El tribunal de sentencia convocó a las partes este viernes a las 13:00 para dar a conocer su fallo. En los alegatos finales los representantes del Ministerio Público fiscales Elena Fiore y José Martín Morínigo solicitaron al tribunal colegiado la imposición de 3 años de prisión para las acusadas Huespe de Peralta y Villalba de Lovera, como coautoras de los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza.

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Por su parte, la querella adhesiva representada por los abogados Rodrigo Yódice y Jorge Arturo Daniel requirieron al tribunal de mérito una condena de 4 años de cárcel para ambas acusadas.

Alegan que está probada la conducta dolosa

Los acusadores explicaron que la apropiación se demostró en el juicio oral porque las procesadas Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, invocando la representación de la Asociación, en su presunta condición de presidenta y tesorera, respectivamente, lograron acceder a partir del 19 de diciembre de 2014, a una cuenta corriente y caja de ahorro que el gremio tenía en el Banco Familiar.

Agregaron que desde el 29 de diciembre de 2014 emitieron cheques por varios montos. Algunos de estos documentos de pago fueron librados a la orden de las mismas acusadas, otros a nombre de los abogados de las mismas, así como a la orden de otras personas de quienes se desconoce qué tipo de servicio o beneficio brindaron a la Asociación para dicho pago.

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Según la querella y la fiscalía, las pruebas periciales, documentales y testificales, demostraron que a partir del 29 de diciembre de 2014 al 13 de marzo de 2015, y una operación concreta en setiembre de 2015 de G. 20 millones, se perpetró un despojo a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay de un total de G. 1.240.971.193, suma que tenía depositado el gremio en la cuenta de ahorro del banco mencionado, alegaron los acusadores.

La Fiscalía y querella adhesiva concuerdan que Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, valiéndose de los efectos de una resolución ilegal e ilegítima como lo es el Acuerdo y Sentencia N° 54 de 2014, lograron acceder de manera totalmente ilegal a una presunta representación de la Asociación Central, que no era tal, indicaron.

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Si bien es cierto que las mismas no tomaron posesión de cargo, se valieron de la mencionada resolución judicial para cambiar el registro de firmas de las cuentas que tenía la Asociación de Funcionarios Públicos en el Banco Familiar, para de esta manera disponer del dinero en las fechas indicadas, hasta vaciarlas, según la acusación.