Rafael Ávila, titular de la Defensoría del Pueblo, manifestó que desde inicios de enero varias personas se constituyeron en la institución “pretendiendo utilizar a la Defensoría del Pueblo como un mecanismo de presión para interceder ante el Estado con los grupos del crimen organizado”.
Indicó que el único objetivo es volver a acceder a privilegios que les han sido eliminados dentro del régimen penitenciario a partir del operativo “Veneratio” y gozar de toda la impunidad que les ha permitido manejar por mucho tiempo la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y otros centros penales de la República del Paraguay.
“No permitiré manipulación por parte de grupos del crimen organizado”, enfatizó.
Agregó que accionará y formulará las denuncias ante los órganos pertinentes en caso de que algún funcionario o funcionaria arrogándose atribuciones institucionales pretenda interceder o lograr privilegios para este grupo específico de personas privadas de su libertad en relación directa con el crimen organizado.
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Control en proceso del operativo “Veneratio”
Desde la Defensoría aseguran que en todo momento se abocaron al control del debido proceso y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad realizando recomendaciones al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y a otras instituciones estatales a fin de que puedan velar el cumplimiento íntegro de los principios procesales reconocidos en la Constitución Nacional, así como convenios, tratados y normas internacionales.
Asegura que velará por los derechos humanos de todas las personas sin distinción y en igualdad de condiciones.