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El juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú estableció medidas alternativas a la prisión para los procesados en la causa caratulada “Esteban Martín Samaniego Álvarez y otros s/enriquecimiento ilícito Ley Nº 2523/2004 5500 jornales (Delitos Económicos)”, por la supuesta tragada de G. 338.595.400 de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, distrito de Paraguarí, entre los años 2011 y 2017.
Como medidas de vigilancia señaló la obligación de presentarse del 1 al 5 de cada mes al Juzgado de Delitos Económicos a fin de firmar el libro de comparecencia; la prohibición de cambiar de número de celular que proveyó al juzgado, así como la prohibición de salir del país y presentarse al juzgado a todas las citaciones. Todo ello bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, las mismas serán revocadas.
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Los afectados por dichas medidas son: la intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán Gabriaguez, esposa del diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez; Christian Daniel Domínguez Aponte, custodio del parlamentario; Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, madre del legislador, y Damián de Jesús Galarza Dardano, cuñado del diputado.
Igualmente están dirigidas a Guido Ramón Vargas Gaete, concejal municipal de Quyquyhó; Enrique Javier Lovera Lezcano, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la comuna; Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez; Andrés Alfredo Arrúa Brítez; y Manuel Olazar Duarte.
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Juez trabó embargos en el proceso
De modo de garantizar su sometimiento al proceso judicial en su contra, cada uno de los procesados ofreció garantías reales, específicamente inmuebles, sobre los cuales el magistrado trabó el embargo preventivo. Así, a través del AI N° 47 del 5 de marzo del corriente año, el juez aceptó la fianza real ofrecida por Patricia Corvalán, consistente en un inmueble de Lambaré, perteneciente a su marido Esteban Samaniego, y valorado en G. 281.190.000. Sobre este, Otazú trabó el embargo hasta cubrir la suma de G. 140.000.000.
En el caso de Christian Domínguez, el juez aceptó por AI N° 46 como fianza real un inmueble de Villeta, perteneciente a José Domingo Chávez Arnold, valorado e G. 126.412.125 y trabó el embargo por esa misma suma. Ahora por AI N° 45, en el caso de la madre Blanca Álvarez, el magistrado admitió un inmueble de Lambaré, ofrecido por Corvalán, hasta cubrir la suma de G. 140.000.000.
Por el AI N° 44, señaló la obligación para Damián Galarza de presentar el certificado de dominio y tasación correspondiente, dentro del plazo de 20 días hábiles. A través del AI N° 43, aceptó la fianza real ofrecida por Guido Vargas de un inmueble de Villeta, registrado a nombre de Lorena Beatriz Manuela da Silva Chávez, hasta cubrir la suma de G. 126.945.315. Mientras que para el caso de Enrique Lovera, el juez por el AI N° 42 aceptó como fianza real un inmueble de Villeta, también a nombre de Lorena da Silva Chávez, valuado en G. 126.661.990, y trabó el embargo preventivo hasta cubrir esa misma suma.
Mediante los AI N° 41 y AI N° 40, el juez aceptó la fianza real ofrecida por Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez y Andrés Alfredo Arrúa Brítez, respectivamente, consistente en un inmueble de Capiatá registrado a nombre de Arrúa Rodríguez, el cual está valuado en G. 464.312.500, y trabó el embargo hasta cubrir la suma de G. 150.000.000, en ambos casos. Y por AI N° 39, trabó el embargo sobre un inmueble de Villeta registrado a nombre de José Domingo Chávez Arnoldo, hasta cubrir la suma de G. 142.287.530, en favor de Manuel Olazar.
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Imputación y relación con Esteban Samaniego
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Silvio Corbeta Dinamarca, había imputado el 11 de diciembre de 2023 al diputado colorado Esteban Samaniego, por los hechos de administración en provecho propio, en calidad de coautor, y asociación criminal, como autor; a su esposa la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, por administración en provecho propio, como cómplice.
Igualmente, fueron imputados la madre de Samaniego, Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, su cuñado Damián de Jesús Galarza y un excustodio y jefe de seguridad del diputado, suboficial de policía Cristhian Daniel Domínguez, por administración en provecho propio, en calidad de cómplices.
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De la misma forma, están investigados Andrés Alfredo Arrúa Brítez (representante legal de BH Service SRL), Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa (representante legal de BH Service SRL y socio, además de director titular de Conatel), Nelson Marcelo Fleitas Fleitas (apoderado de BH Service SRL), Pedro Osvaldo Etienne Villanueva (funcionario del Ministerio de Hacienda), por administración en provecho propio previsto, como cómplices y asociación criminal, en calidad de coautores.
Así también, Juan Agustín Fanego (director de Legión de Servicios SA), Vilma Concepción Fanego Otazú (directora y vicepresidenta de la firma Legión de Servicios SA), Justino Ayala Galeano (propietario de JA Construcciones SA), Benigno Villasboa Cáceres (actual secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Paraguarí), Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Bernardina Yegros de Cabañas, Ruth Mercedes Medina Yegros (exintendenta interina de Quyquyhó y funcionaria del TSJE), Líder Catalino Ramírez Ramírez y Soledad Ramona Pereira Ayala, fueron imputados por administración en provecho propio, como cómplices y asociación criminal, como coautores.
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Además, son objeto de investigación Manuel Olazar Duarte, por administración en provecho propio en calidad de coautor, y asociación criminal, en tanto que Enrique Javier Lovera Lezcano (jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la comuna de Quyquyhó), Guido Ramón Vargas Gaete (concejal municipal de Quyquyhó), Julián Olmedo Brizuela y Óscar Samuel Fanego Otazu serían cómplices en la comisión de administración en provecho propio y coautores en cuanto a la asociación criminal.
El fiscal Corbeta solicitó al juzgado que comunique a la Cámara de Diputados para que resuelva el desafuero del diputado Samaniego y para todos la aplicación de medidas cautelares, así como fianza personal o caución real sobre los imputados. Además, la inhibición general de enajenar y gravar bienes (muebles e inmuebles BH Services SRL, Soluciones Empresarial, Legión de Servicios, JA Construcciones SA y JOB Construcciones) y también el bloqueo de cuentas corrientes que estén a nombre de quienes se requiere en el proceso penal.
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Esteban Samaniego y la supuesta “tragada” millonaria en seis años
De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, Esteban Samaniego se desempeñó como intendente de la Municipalidad de Quyquyhó entre los 2011 y 2017, y en ese periodo habría efectivizado cinco cheques, totalizando la suma de G. 67.595.000, correspondientes a fondos de Royalties y de los fondos de Juegos de Azar de la comuna.
Por su parte, Patricia Corvalán habría efectivizado sumas de dinero por valor de G. 117.500.000 que debieron destinarse a la financiación de proyectos de infraestructura, educación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. En total realizó cinco retiros de dinero entre 2014 y 2016.
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De la misma forma habrían actuado Blanca María Álvarez viuda de Samaniego y el suboficial Cristian Daniel Domínguez, quienes entre el 2011 y 2017, supuestamente efectivizaron a través de la cuenta corriente de Municipalidad de Quyquyhó por medio de cheques y así, presuntamente, retiraron sumas millonarias de dinero, con órdenes de pago a las empresas allegadas, comisiones vecinales y entidades privadas cercanas a Esteban Samaniego.
Se detalla que el cuñado del entonces intendente de Quyquyhó, Damián Galarza, realizó el retiro de G. 40.000.000, mientras que la madre Blanca Álvarez viuda de Samaniego retiró la suma de G. 20.000.000, el custodio de Samaniego, Cristian Domínguez efectivizó la suma de G. 93.500.000, mientras que la esposa y actual intendenta Patricia Corvalán efectivizó G. 117.500.0000 y Esteban Samaniego, G. 67.595.000, lo que totalizó un perjuicio de G. 338.595.000, según fiscalía.