Ordenaron extracción de datos de correos y computadoras de Seprelad

Salió a luz un documento de la jueza Clara Ruiz Díaz -de fecha 24 de enero pasado- en el que autorizaba la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta institución. El pedido lo había hecho el fiscal Aldo Cantero, quien investiga las supuestas denuncias falsas contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y quien hoy está apartado de la causa tras los chats filtrados de supuesta causa montada contra Mario Abdo Benítez.

Carlos Arregui, destituido del directorio del BNF por un decreto de Santiago Peña.
Carlos Arregui, exministro de la Seprelad.

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La autorización fue hecha por la jueza Clara Ruiz Díaz durante la feria judicial, el pasado 24 de enero, y salió a luz recién este lunes. La magistrada respondió de manera positiva al pedido del fiscal Aldo Cantero, quien investiga las supuestas denuncias falsas contra Horacio Cartes.

Según el documento, la autorización fue para la extracción de datos del servidor informático de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) “específicamente” para buscar correos y archivos varios de exfuncionarios de la institución, incluso, entre ellos, de quien llegó a ser el titular de la institución, Carlos Arregui.

Otros nombres que cita el documento son: Carmen Pereira, Guillermo Preda, Francisco Pereira Cohene, Daniel Farías Kronawetter, Derlis Ruiz, Christian Villanueva, Rocío Peña e Inés Yambay.

Asimismo, se autorizó la extracción de datos del equipo informático de Ruiz con la especificación de que buscaban “archivos en formato Word y Excel”.

Perito debió ser designado para extracciones

El mismo documento que se dio a conocer hoy detalla que se había designado a un perito informático del laboratorio forense del Ministerio Público para la realización de esta diligencia que fue solicitada por Cantero.

Además, se le había otorgado un plazo de 30 días hábiles para estas “extracciones” y para el 31 de enero del 2024 se había fijado una audiencia ante la Oficina de Atención Permanente para que el perito designado preste juramento de ley al cargo para el cual fuera propuesto.

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