Juzgado del caso metrobús confirma intervención de Procuraduría General

La intervención de la Procuraduría de la República en la causa que investiga la presunta lesión de confianza con el fallido metrobús fue ratificada por el juzgado Penal de Garantías del caso. La audiencia preliminar debió iniciarse esta semana, pero fue suspendida a pedido de la fiscalía.

El fallido metrobús sigue causando perjuicios al Estado paraguayo.
El fallido metrobús causó un perjuicio de US$ 25 millones al Estado paraguayo.diego peralbo

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El recurso de reposición planteado por la defensa del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez Morínigo, acusados de supuesta lesión de confianza por el fallido metrobús, fue rechazado por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien ratificó su decisión de otorgar intervención a la Procuraduría General de la República (PGR) en la causa, en calidad de víctima.

Los abogados Tarek Tuma Marín y Alcides Cáceres plantearon reposición contra la resolución del juzgado, alegando que aplicó la ley de forma retroactiva, ya que el presente proceso penal se inició en el 2018 y la Ley N° 6837 que establece las funciones y la estructura orgánica de la PGR fue promulgada el 17 de noviembre de 2021.

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Al respecto el juez Otazú resalta en su resolución que no se ha vulnerado ningún principio constitucional ni procesal, teniendo en cuenta que la imputación fiscal fue presentada en el año 2023, cuando la Ley N° 6837/21 ya se encontraba vigente.

Tras ratificar la decisión el juzgado de Garantías remitió el expediente a la Cámara para que un tribunal analice la apelación subsidiaria que interpuso la defensa.

Caso metrobús tendrá nuevo fiscal

Para esta semana se había programado la audiencia preliminar para Jiménez Gaona y Marta Benítez, pero la fiscala María Estefanía González solicitó al juzgado que postergue la diligencia, debido a que el miércoles último asumió el cargo de fiscal adjunta y fue asignada para cumplir funciones en el Área XVII - Boquerón.

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En consecuencia, el juez Humberto Otazú ofició al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para que asigne un nuevo agente en la causa penal y posteriormente fijará nueva fecha para la preliminar.

Marco Aurelio González Maldonado aspirante a ministro de la Corte de la Suprema de Justicia.
Dr. Marco Aurelio González Maldonado, procurador general de la República.

Según la acusación fiscal, el fallido metrobús causó al Estado un perjuicio de G. 180.030.528.699 (unos US$ 25 millones al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.

Acusados desprotegieron intereses del Estado

La acusación presentada por la entonces fiscal del caso María Estefanía González resalta que Ramón Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, desde el año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pagó de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para beneficio de la ciudadanía.

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En cuanto a la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo (en el cargo en el periodo 2016 - 2018), la fiscalía señala que estando en ejercicio de ministra interina del MOPC firmó el convenio modificatorio Nº 4 al contrato con la empresa Mota-Engil Ingeniería e Construcción SA por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, causando menoscabo al interés patrimonial del Estado antes de protegerla.

Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público destacan las declaraciones de funcionarios de Contraloría General de la República, que realizaron los estudios pertinentes y elaboración del informe final de auditoría de cumplimiento al MOPC, de frentistas, quienes expusieron los pormenores del estado calamitoso que vivieron durante el desarrollo de la construcción y posterior al abandono de la obra.

Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas, junto con el Abg. Alcides Cáceres durante una audiencia ante el juzgado de Garantías.
Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas, junto con el Abg. Alcides Cáceres durante una audiencia ante el juzgado de Garantías.

Graves deficiencias detectadas por la Fiscalía

En total son ocho los hechos que la fiscalía inculpa al exministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, se inició la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagües inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio al Estado, según el documento de 51 páginas que fue admitido este lunes por el juzgado.

Entre los puntos más resaltantes, la fiscalía evidencia en su acusación que con la firma del contrato con Mota Engil, el 31 de marzo del 2016, Jiménez Gaona “vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo, tolerando, permitiendo e incumpliendo las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución del metrobús, cuya consecuencia hizo inviable la culminación de los trabajos emprendidos por la firma en el marco del proyecto corredor principal tramos 2 y 3″.

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En este sentido, resaltó que el ex alto funcionario licitó la obra sin haber formalizado el acuerdo entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, transgrediendo lo dispuesto en la Ley N° 5133/13 que aprobó los contratos de préstamos con el BID y otros organismos para la financiación de la obra.

Agregó que, hasta el año 2018, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contó con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo así como tampoco con la autorización de la Comuna de Asunción, a pesar de que en ese año se dio el cese de la construcción por parte de la empresa contratista, según puntualiza la acusación fiscal.

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