En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado y desarrollador inmobiliario Enrique Wagener, quien dice representar a inversores argentinos interesados en adquirir parte del terreno en la Costanera Norte de Asunción que la Municipalidad capitalina quiere subastar la próxima semana, comentó sobre la decisión de un juez de hacer lugar a su demanda por supuestas irregularidades en el proceso de venta, pero sin emitir una medida cautelar que frene la subasta.
Wagener opinó que la decisión del tribunal de no emitir de oficio la medida cautelar es “desacertada” y agregó que hoy se presentará a la Municipalidad de Asunción el oficio dictado por el tribunal, que exige la remisión de documentos relacionados al remate que aún no se hicieron públicos, como el título del terreno, pero dependerá de la Comuna contestar antes o después de la realización de la subasta el próximo miércoles 18 de diciembre.
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“Vamos a ver si tienen la ética de contestar antes del 18″, dijo Wagener, quien explicó que la ley otorga a la Municipalidad un plazo de cinco días hábiles para responder, por lo que, si el oficio se entrega hoy, la Comuna estaría obligada a contestar recién el viernes 20.
No descartó la posibilidad de recurrir a un amparo constitucional en caso de que la Municipalidad no conteste a tiempo el requerimiento de documentos.
Proceso de subasta podría quedar nulo en el futuro
Wagener comentó que actualmente está en Buenos Aires, Argentina, donde se reunirá con los inversores a quienes dice representar –entre los que mencionó a Fabio de Marcos, uno de los ideólogos de la zona costanera de Puerto Madero, en la capital argentina– para “ver si quieren seguir en estas condiciones”.
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Entre los cuestionamientos elevados por Wagener al proceso de subasta planteado por la Municipalidad de Asunción se encuentra el hecho de que el terreno de seis hectáreas en venta será fraccionado en dos lotes, pero estos aún no tienen cuentas corrientes catastrales independientes, algo que debe realizarse a través del Servicio Nacional de Catastro, posiblemente con una mensura judicial de por medio, en un proceso que suele durar entre seis meses y un año.
El abogado cuestionó también que los rematadores que estarán a cargo de la subasta cobren una comisión del seis por ciento sobre el precio final de venta, teniendo en cuenta que el Código Procesal Civil, en que se basa de forma supletoria el proceso de subasta impulsado por la Municipalidad, establece una comisión del dos por ciento para los “martilleros”.
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Señaló que irregularidades como esas dejan abierta la posibilidad de que una administración futura de la Municipalidad de Asunción declare nula la subasta.