El poblador Juan Giménez señaló que el municipio de Ayolas, administrado por el intendente Carlos Duarte (ANR), realizó loteamientos de inmuebles ocupados por personas a quienes, en su momento, esas tierras les fueron adjudicados por el Indert. Las tareas se efectuaron con el argumento de que las fincas pasaron a formar parte del ejido municipal.
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“La comuna había solicitado en 2012 al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra la transferencia de los predios, pero hasta la fecha no se realizó el traspaso. Sin embargo, el ejecutivo inició con las mensuras judiciales sin siquiera publicar un edicto ni avisar a las personas afectadas que ya pagaron al Indert por el lugar. Esta situación perjudica a unas 450 familias”, señaló Giménez.
Agregó que el próximo sábado los pobladores afectados se trasladarán a San Ignacio Guazú para reunirse con representantes del Indert y solicitar la desestimación del pedido de traspaso solicitado por la municipalidad.
Esto permitiría que aquellas personas que pagaron por su terreno al Indert puedan realizar la mensura judicial para después acceder al título.
La versión de la municipalidad
El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ayolas, abogado Cristhian Rolón, explicó que el Indert ya no es autoridad de aplicación sobre los inmuebles en conflicto debido a que su responsabilidad es sobre zonas rurales.
Cuando se hizo en 2015 la ampliación del ejido municipal (cuatro cuadras a la redonda del asfalto principal) a favor de la comuna, la Municipalidad pasó a tener la potestad de regir sobre esos inmuebles, argumentó.
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Señaló que existen dos formas de adquirir la propiedad: cuando es por el Indert se hace vía mensura judicial y cuando es a través del municipio se efectúa vía mensura administrativa. Este procedimiento no requiere intervención judicial porque se trata de una simplificación del proceso, dijo.
También mencionó que ninguno de los lotes que se encuentran en reclamos ha sido efectivamente adjudicado por el Indert.
Sin embargo, agregó que la Municipalidad no tiene intención de que los ocupantes pierdan el derecho de posesión otorgado por el Indert, sino que busca la regularización de las documentaciones ante la institución municipal.