El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, presentó una acción de amparo constitucional contra la Comandancia de la Policía Nacional, en defensa de más de 2.400 mujeres que fueron excluidas del Instituto Superior de Educación Policial, a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos.
Las aspirantes femeninas cumplieron con todos los requisitos establecidos y obtuvieron los puntajes mínimos exigidos en las evaluaciones de conocimientos, aptitud física y pruebas psicotécnicas. Sin embargo, no fueron incluidas en la nómina de ingresantes.
“El amparo fue rechazado por errores de forma en la presentación. Pero la jueza interviniente señaló que no se agotaron los recursos administrativos, cuando, en realidad, estas postulantes ya habían presentado reconsideración, lo cual fue rechazado. Pero en su presentación, la Defensoría del Pueblo no agregó estos elementos”, explicó la abogada Diana Vargas.
Seguido comentó: “Hoy se mantuvo una reunión donde expresaron su reclamo al respecto. Hoy la justicia dice que no entra a estudiar el fondo, no sabe si hubo o no violación de derechos fundamentales, pero se equivocaron como presentaron, entonces no puedo estudiar. La respuesta de la Defensoría fue hasta aquí llegamos”.
“No pude ser que la institución que se debe de encargar de los reclamos ciudadanos tenga una actuación deficiente. Ellas están decididas a continuar y un pequeño grupo de abogadas solidarias, en conjunto con la doctora Lorena Segovia, exministra de la Defensa Pública, van a presentar mañana una acción de inconstitucionalidad”, sostuvo la letrada.
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Explicación del Comandante
El Comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional, justificó el mayor cupo para hombres, indicando que esto responde a un decreto que establece las vacancias para ambos sexos. Asimismo, señaló que para ello se tienen en cuenta criterios basados en estándares internacionales.
“Una autoridad administrativa no puede establecer medidas por fuera del marco constitucional y legal. Él tiene dos leyes, una es la 6634, que es específica sobre radicación de la discriminación en unidades de formación policial, que a su vez tiene un decreto reglamentario, y la ley de reforma y modernización policial. Estas leyes, ni el decreto, no le habilitan a establecer por resolución ningún cupo”, finalizó.