Por resolución N° 2, la Junta Municipal, en sesión extraordinaria, analizó las denuncias realizadas por los medios de comunicación y las redes sociales, en las que se señalaba que la edil tenía en su poder tarjetas de débito que supuestamente pertenecía al programa Hambre Cero 2024 de la Gobernación de Paraguarí, y que las utilizaba para pagar salarios de sus empleados del comercio.
Ante dicha situación, los concejales tomaron la decisión de suspender a la concejal, atendiendo el reglamento interno de la Cámara de Diputados, por el cual se rige la Junta Municipal local. En ese sentido, dispone que por mayoría de dos tercios se podrá amonestar a cualquiera de ellos o excluirlos de su seno por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental.
La resolución municipal señala la gravedad de los hechos denunciados en medios de comunicación, relativos a un tema tan sensible como el programa Hambre Cero, y la necesidad de garantizar la transparencia e integridad en la gestión pública. Asimismo, instaron a preservar la imagen de la corporación legislativa de este distrito, además de dictar la resolución de suspender sin goce de sueldo a la concejal municipal desde el 2 de marzo.
Asimismo, decidieron instruir a la concejal municipal a abstenerse de realizar cualquier actividad relacionada con su cargo durante el periodo de suspensión, y se decidió designar una comisión investigadora integrada por cinco concejales, que se encargará de investigar los hechos denunciados y presentar un informe detallado a la Junta Municipal.
<b>Niegan que tarjeta esté en poder de la concejal</b>
Los concejales que votaron por la suspensión de la concejal son: la presidenta de la Junta Municipal, Ana Dora Leguizamón de Rojas (ANR); los colorados Juan Dionisio Escobar Aquino, Ramón Villalba Olmedo, Carlos Augusto Gómez Martínez, Bruno Carmona López; y los liberales Juan Carlos Barreto y Benefrida Ortiz. Estuvo ausente por maternidad Viviana Mercedes Aponte Delvalle.
Se presume que la concejal municipal María de la Cruz López Valdez, utilizó su influencia política para mandar imputar a dos de sus ex empleados, una de las cuales supuestamente hurtó un corpiño. Se trata de Shirley Guerrero, quien también supuestamente cobraba parte de su salario G. 900.000 con una tarjeta de débito, con la cual debía realizar limpieza en la cocina en el marco del almuerzo escolar del año 2024.
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El primo de la empleada, identificado como Francisco Guerrero, quien también se desempeñaba como empleado de la concejal, también cobraba con tarjeta del programa de almuerzo escolar sin ir a limpiar la escuela.
Por su parte, el defensor de la concejala, abogado Hugo Raúl Flores Molas, dijo que va a solicitar copias del acta de la sesión extraordinaria, copia de la resolución de la Junta Municipal y va a plantear un recurso de medida cautelar, reposición inmediata de la edil en sus de funciones,
Dijo que la concejal niega totalmente tener alguna vinculación con la empresa adjudicada con el almuerzo escolar año 2024, Ladero Paraguayo. Ella no tiene en su poder ninguna tarjeta y quizás sea una coartada de los primos Guerreros, quienes manifestar que ellos tenían tarjeta a su nombre. La edil no tuvo ninguna participación en el hecho, según manifestó.