El Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) dirigió este lunes una carta al presidente de la República, Santiago Peña, solicitándole que vete la ley sancionada por el Congreso que modifica artículos de la Ley N.º 4423/2011 “Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública”.
En el escrito, firmado por el presidente del gremio, Jorge Arturo Daniel Sabe, el CAP expone su preocupación por los efectos que podría generar la normativa. Según explican, la ley permitiría a los defensores públicos cobrar honorarios en ciertos casos, lo que introduce una distorsión grave en el ejercicio libre de la profesión de abogado.
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El CAP sostiene que los defensores públicos, financiados completamente por el Estado, competirían de manera desleal contra abogados independientes que sostienen sus oficinas, empleados y formación profesional de manera privada.
Asimismo, alertan que la nueva normativa podría impactar negativamente en procesos penales complejos, como los relacionados con el narcotráfico o lavado de dinero. Esto se debe a que permitiría que honorarios se cobren a partir de bienes incautados, fondos que, por ley, deben ser destinados exclusivamente al fortalecimiento institucional y a programas de reinserción y prevención.
El CAP subraya incompatibilidad legal
El Colegio de Abogados también señala que la ley sancionada entra en conflicto con la normativa vigente que regula la administración de bienes incautados, a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Otro punto crítico resaltado es la falta de claridad en la definición de “medios económicos suficientes” para acceder a la Defensa Pública, lo que podría derivar en interpretaciones dispares y uso indebido del servicio gratuito.
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El gremio jurídico además plantea que, de permitirse el cobro de honorarios, se generarían obligaciones tributarias que no están contempladas en la ley sancionada, como el pago del IVA o del Impuesto a la Renta Personal, lo que evidencia una falta de previsión legislativa.
Finalmente, el Colegio de Abogados del Paraguay reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la igualdad profesional y la ética. Solicita respetuosamente al presidente Peña que, en uso de sus atribuciones, disponga el veto total de la ley sancionada para evitar los riesgos e inconsistencias señalados.