Los condenados por el desvío de fondos del programa “Vaso de leche” en una licitación del 2012, Nancy Lucina Godoy y su esposo Raúl Alberto Rodríguez Ferreira, promovieron un juicio contra el Banco Nacional de Fomento por supuestos daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. La pareja solicitó más de 24.000 millones de guaraníes, además de costas de juicios e intereses, totalizando casi 30.000 millones de guaraníes.
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En primera instancia, el juez José Guillermo Trovato les dio la razón a los demandantes y ordenó al Banco Nacional de Fomento que cubra esa millonaria suma de dinero.
No obstante, el banco decidió recurrir a la Cámara de Apelaciones, que ayer resolvió revocar la orden del juez Trovato y salvó al Estado de tener que cubrir esa millonaria demanda.
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Denunciaron fraude
De acuerdo al acuerdo y sentencia, los demandantes alegaron que eran clientes del banco y a partir del año 2008 empezaron a realizarse extracciones con firmas falsificadas en cheques, por lo que presumieron la connivencia de funcionarios del BNF para el ilícito gestado.
Alegaron que los cheques fueron libados en talonarios que nunca fueron recibidos por sus clientes y que los actores tomaron conocimiento del fraude del cual fueron víctimas hasta el año 2010. Hablan de 187 cheques en total y un perjuicio directo de más de G. 8.000 millones para Raúl Rodríguez y G. 1.481 millones para Nancy Godoy.
Los demandantes reclamaron las sumas mencionadas más los intereses, que totalizan la suma de 18.175.384.369, además de los costos del juicio.
La Cámara de Apelaciones resolvió no hacer lugar a la demanda planteada contra el BNF y la Aseguradora Paraguaya SAECA.
Investigada por millonario desvío
Nancy Godoy era propietaria de la empresa proveedora “Granos y Aceites”. Fue una de las implicadas en el desvío en el conocido caso “vaso de leche”. Luego del escándalo, la empresaria aceptó el hecho y devolvió al Estado G. 3.400 millones para salvarse del juicio.
Pese a ese antecedente, actualmente ella sigue siendo proveedora del Estado, en el marco del plan Hambre Cero.
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En noviembre del año pasado, finalmente, el Tribunal de Sentencia resolvió que todos los acusados, exfuncionarios del Estado, deben reparar el perjuicio al Estado, con una suma que supera los G. 3.000 millones.
