El abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, cuestionó el contenido de la circular emitido por el Ministerio Público y denunció una contradicción entre el mensaje institucional y la práctica del propio fiscal general.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió este martes la circular N.º 7, dirigida a los funcionarios del Ministerio Público. En la misma recordaba la obligación de respetar las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución Nacional y en el Código Procesal Penal (CPP).
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En el documento, se establece expresamente que:
- Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él a los medios de comunicación social.
- La etapa preparatoria del proceso penal no debe ser pública para terceros.
- Quienes participen o tengan conocimiento del caso tienen la obligación de guardar secreto, y el incumplimiento de esa obligación será considerado una falta grave.
- Los fiscales adjuntos serán los encargados de controlar que estas disposiciones se cumplan.
La crítica de Tuma: “Grave contradicción”
Según Tuma, Emiliano Rolón declaró públicamente que el diputado Eulalio “Lalo” Gomes ya estaba siendo investigado desde el año pasado, lo que, a su criterio, viola el principio de presunción de inocencia y el carácter reservado del proceso penal.
“Esta conducta quebranta el carácter reservado del proceso, constituye una falta grave según el artículo 322 del CPP y socava la imparcialidad del Ministerio Público”, expresó el abogado.
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“¿Qué garantías tiene un ciudadano cuando quien debe hacer cumplir la ley es el primero en violarla? Exigimos coherencia institucional, respeto al debido proceso y responsabilidad funcional. ¡No puede haber selectividad en el cumplimiento de la ley!”, finalizó.