En el marco del debate sobre la minería en Paraguay, el proyecto de ley que plantea la prohibición total del uso de cianuro en actividades mineras generó posturas divididas en una audiencia pública realizada esta semana. El encuentro contó con la participación de autoridades, productores mineros, yerbateros y ciudadanos.
Durante la audiencia, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) presentó su posición técnica, enfatizando que si bien la actividad minera debe regularse, una prohibición absoluta del cianuro podría generar consecuencias no deseadas, especialmente para los sectores más vulnerables.
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Riesgos de una prohibición total
El MADES explicó que el cianuro, utilizado en procesos como la lixiviación de oro, permite una recuperación de más del 90% del metal, lo que se traduce en mayor eficiencia y rentabilidad para pequeños productores. Aunque se trata de una sustancia tóxica, el Ministerio señaló que su uso controlado, bajo condiciones técnicas adecuadas, es posible y más seguro que otras alternativas.
“La prohibición sin ofrecer una alternativa técnica y económicamente viable podría empujar la actividad hacia la informalidad, donde no existen controles ambientales ni sanitarios”, advirtió la institución en un comunicado emitido este lunes.
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Esto, a su vez, podría fomentar el uso de sustancias más peligrosas, como el mercurio, que ya está en proceso de eliminación según el Convenio de Minamata, al que Paraguay está adherido.
Propuesta del MADES: transición participativa y formalización
Ante este panorama, el MADES considera factible avanzar hacia una normativa que restrinja el uso del mercurio, pero propuso una estrategia de transición, que combine:
- La formalización de los mineros artesanales.
- El cumplimiento de estándares ambientales y de seguridad verificados.
- La promoción y capacitación sobre buenas prácticas mineras y capacitación técnica.
- La autorización del uso de cianuro únicamente en operaciones que cumplan con estándares ambientales y de seguridad verificados.
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Según la postura oficial del Ministerio del Ambiente, cualquier regulación debe basarse en criterios técnicos y sociales, protegiendo el ambiente sin comprometer el sustento económico de comunidades como las de Paso Yobái, donde la minería artesanal es una fuente clave de ingresos.