Los residuos fueron trasladados desde la compañía Mainumby, el mismo sitio donde, según denuncias vecinales, el propio jefe comunal habría dispuesto el vertido de desechos días atrás.
Con micrófonos en mano, reclamos y discursos improvisados, los ciudadanos no dudaron en acusar directamente a Filippi de “corrupto” y de atentar contra los recursos naturales del distrito.
“Señor basurero José Filippi Vera, aquí le devolvemos su basura que mandó a tirar en los humedales, contaminando nuestros cauces hídricos y sin pensar en nuestros hijos ni en las generaciones venideras”, reclamó una de las voceras que participó de la manifestación.
Incluso pidieron a los agentes policiales apostados en el lugar que se apartaran, aclarando que la protesta no era contra ellos sino contra las decisiones de las autoridades municipales.
Todo quedó grabado por teléfonos celulares de los propios activistas y se difundió en redes sociales, lo cual generó una oleada de apoyo.
Un conflicto que lleva años
El trasfondo de este enfrentamiento se remonta a 2024, cuando la empresa El Farol S.A., que maneja el monopolio de la recolección de basura en Asunción y Central, intentó instalar un depósito de residuos en zona de humedales de Arroyos y Esteros.
La firma, representada por José Fernando Vega, Adelaida Cañete Ojeda, Gonzalo Eduardo Enjunto, Ángel Gómez Rivarola y Hans Herman Staseek, había expandido en la última década su dominio hacia otros departamentos. La noticia despertó un inmediato rechazo ciudadano.
La situación se agravó a inicios de este año, al confirmarse que la Municipalidad, con apoyo del gobernador Denis Lichi (ANR) y del intendente Filippi Vera, promovía la instalación de un vertedero en la compañía Mainumby, a apenas 1.400 metros del río Piribebuy.
Vecinos, cañicultores y concejales denunciaron que el proyecto amenaza la biodiversidad, el agua y la producción orgánica de caña de azúcar, una de las principales actividades económicas de la zona.
En febrero, las protestas llegaron a su punto más álgido: un grupo de vecinos llegó a ocupar la Municipalidad y nueve concejales se sumaron a los reclamos, logrando la derogación de la resolución que habilitaba el vertedero.
Paralelamente, los pobladores impulsaron una acción de amparo constitucional, señalando que el proyecto se aprobó sin consulta ciudadana ni estudios de impacto ambiental.
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Crítica ciudadana y falta de respuestas
Lo ocurrido en la tarde del lunes refleja la desconfianza creciente hacia las autoridades municipales. En lugar de atender las demandas ambientales y sociales, el intendente Filippi es señalado por repetir prácticas que la comunidad ya había rechazado, como el vertido irregular de basura en zonas frágiles.
La protesta evidencia que en Arroyos y Esteros la ciudadanía está dispuesta a defender sus recursos naturales, incluso enfrentando a las instituciones locales. La devolución pública de los residuos fue un acto simbólico de resistencia, pero también una advertencia: la comunidad no aceptará que sus humedales y su producción agrícola sean sacrificados en beneficio de intereses empresariales o políticos.
En su momento, cuando un grupo de pobladores tomó la Municipalidad en enero de este año, el intendente José Filippi Vera (ANR) respondió a la prensa asegurando que él no tenía ninguna responsabilidad en el asunto. Además, sostuvo que la zona donde se pretende instalar el vertedero no es un lugar de riesgo, tratando de minimizar las preocupaciones de la comunidad ante el proyecto que generó tanta controversia.
Fue contactado nuevamente para hablar sobre cómo está la situación en la actualidad, pero no respondió a las llamadas.
Para consultar sobre el inconveniente también intentamos comunicarnos con el gobernador Denis Lichi (ANR), pero no atendió las llamadas.
Estamos abiertos si desean referirse al caso.