Cansados de esperar respuestas judiciales, un grupo de víctimas del esquema conocido como "la mafia de los pagarés" se movilizaron este martes en Asunción para exigir a la Corte Suprema de Justicia medidas urgentes. Los afectados aseguran que, pese a las múltiples denuncias y evidencias, los descuentos indebidos en salarios y jubilaciones continúan, dejando a miles de familias en la ruina.
Pedro Coronel, representante de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, relató que varias personas viajaron desde distintos puntos del departamento de Itapúa para hacerse escuchar. “Venimos a repudiar y expresar nuestra indignación ante la inacción de la Corte. Hay demasiadas evidencias, pero no vemos decisiones firmes”, cuestionó.
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El dirigente explicó que la situación de los afectados es desesperante. “Hay compañeros de Alto Verá que tuvieron que viajar más de 120 kilómetros para alcanzar el colectivo. No tienen sueldo porque sus tarjetas están bloqueadas, y cada uno tiene descuentos de hasta 410 millones de guaraníes cada uno. Hay padres que no tienen qué darle de comer a sus hijos. Es triste y lamentable”, expresó.
“Mafia” mueve millones de dólares al año
Según Coronel, el esquema sigue operando con total impunidad. “Siguen los descuentos, los ofrecimientos de préstamos y los trabajos de los delincuentes que se aprovechan de la necesidad. La mafia mueve unos 82 millones de dólares anuales. Es un sistema que funciona como un salario mensual para ellos”, denunció.
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El representante afirmó que la Corte Suprema tiene las herramientas legales para frenar los abusos, pero opta por la complacencia. “La Corte está infestada por esta mafia. Son tibios con los demandadores, no con los demandados. Es evidente que hay complicidad o miedo. Si no existiera esa presión, este problema ya se habría resuelto”, expresó.
Por su parte, Edith Román, también integrante del grupo de víctimas, recordó que ya denunciaron a varias empresas vinculadas al esquema fraudulento. Agregó que en algunos casos, esas empresas ni siquiera existen físicamente y en los expedientes aparecen con distintos nombres de dueños, lo que demuestra el nivel de irregularidad que manejan, advirtió.
Las víctimas reclaman que la Corte Suprema cumpla con su función de garantizar justicia y ordene una auditoría general de los procesos relacionados con estos pagarés. “Es su deber legal. No puede ser que tenga que intervenir un parlamentario para pedir algo que le corresponde a la propia Corte”, concluyó Coronel.