El juez de Ejecución de Cordillera, Juan Bautista Silva, dispuso de oficio la tutela jurisdiccional de carácter general a favor de las 651 mujeres privadas de libertad recluidas en el Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple), porque no cumple con las condiciones de privación de libertad.
“El 17 de octubre, el Juzgado de Ejecución de Cordillera se constituyó, de manera extraordinaria, en el Complejo Penitenciario para Mujeres de Emboscada, tras denuncias recibidas de parte de profesionales y por medio de la prensa”, señaló Juan Bautista Silva, juez de Ejecución de Cordillera.
La intervención judicial fue realizada en virtud del artículo 20 de la Constitución Nacional sobre el objeto de las penas, que es la readaptación de condenados y la protección de la sociedad.
“En primer término, requerí los documentos relacionados con la estructura del penal, los reglamentos y protocolos sobre el régimen de disciplina, de seguridad, el taller de actividades laborales, con miras a la reinserción, y otros”, explicó.
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Luego comentó que ingresaron a todas las instalaciones del Comple para el control respectivo. “Al realizar la intervención, encontramos aspectos positivos e insuficiencias”.
El juzgado verificó deficiencias en infraestructura, alimentación, ventilación y acceso a información sobre los derechos de las internas.
Puntualizó la necesidad de mejorar la logística alimentaria, optimizar la presión de agua, instalar ventiladores en los pabellones y garantizar condiciones mínimas de higiene, iluminación y ventilación.
“Entre los aspectos positivos podemos decir que existen pabellones diferenciados por las internas condenadas y prevenidas. Observé una estructura amplia para realización de las labores de reinserción social de las internas, y los reglamentos y protocolos bien determinados”, manifestó Juan Bautista Silva.
En otro momento, el juez de Ejecución de Cordillera dejó en claro: “Emplacé al Ministerio de Justicia para que, en el plazo de 22 días hábiles, estas insuficiencias detectadas sean subsanadas totalmente".
Y añadió: “Al expirar el plazo, vamos a constituirnos en una nueva intervención y observar el cumplimiento estricto de la tutela jurisdiccional de carácter general”.
En caso de no cumplir la orden judicial, se realizarán las denuncias ante las instituciones del Estado paraguayo y ante los organismos internacionales que protegen los derechos humanos de las personas privadas de libertad.