Basilio Duarte, presidente de la Federación de Conductores de Plataformas, hablo sobre la reciente exigencia de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), que obliga a los conductores de plataforma para contar con licencia profesional tipo A
Explicó que más de 30.000 trabajadores operan actualmente en el sistema y que la mayoría depende de estos ingresos para mantener a sus familias. “Esta exigencia podría dejar sin empleo a miles”, advirtió.
Lea más: Exigen a conductores de plataformas la licencia “profesional A” para operar
Según dijo, la normativa vigente no define explícitamente el servicio de plataformas en el marco regulatorio y genera dudas sobre si se los considera transporte privado, público o una modalidad intermedia.
Requisitos son difíciles de cumplir para miles de jóvenes
Duarte explicó que la mayoría de los choferes posee licencia particular, y aunque no se oponen a capacitarse y subir de categoría, la ley impone exigencias. Primero deben obtener licencia profesional B y mantenerla dos años. Posteriormente, se podrá solicitar a la categoría A.
Esta situación, según sostuvo, excluye a miles de jóvenes de entre 18 y 25 años, muchos de ellos universitarios que manejan para pagar sus estudios.
Lea más: Conductores de plataformas protestan frente a la Policía y exigen seguridad
“Con el transporte público en crisis, las plataformas cubren una necesidad real. ¿Quién moverá a todos esos pasajeros si miles de choferes quedan inhabilitados?”, cuestionó.
Denuncian ambiente propicio para “aprietes” y cobros irregulares
El dirigente afirmó que los controles iniciados hoy por la PMT de Asunción ya generaron inconvenientes con los choferes.
“Esto se vuelve una cacería de brujas. Aparecen gestores ofreciendo licencias A de manera exprés, se presta a estafas y a pedidos de coimas, justo cuando empieza el operativo ‘Pan Dulce’ de la PMT”, dijo.
Duarte sostuvo que la aplicación de la ley crea un escenario riesgoso para los trabajadores y los pasajeros.
Reclaman diálogo y un plazo razonable
Los conductores piden que el Gobierno brinde tiempo para adecuarse mientras se trabaja en una ley que regule y dé identidad al servicio de plataformas. También exigen que las empresas, como Bolt, MUV y Uber, participen del proceso, ya que actualmente habilitan choferes con licencia particular.
“Más de 15.000 familias dependen exclusivamente del ingreso por esta actividad", agregó Duarte. “Queremos capacitarnos y mejorar el servicio, pero no podemos hacerlo de un día para otro. Solo pedimos una transición justa”, concluyó.