Miembros del Gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), justificaron la aprobación de la mayoría colorada en la Junta Municipal, de un presupuesto plurianual, que regirá del 2026 al 2028. La decisión había sido calificada de ilegal por concejales de la oposición, quienes incluso mencionaron una posible usurpación de funciones de las autoridades que serán electas el año que viene.
Hugo Martínez, director general de Administración y Finanzas (DGAF) de la comuna, dijo a ABC que la implementación del presupuesto plurianual no es nueva y que obedece a la existencia de “llamados y compras que trascienden un ejercicio” fiscal, lo que implica la necesidad de “construir un presupuesto que vaya en paralelo a esa plurianualidad de los llamados”.
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Agregó que, con su implementación, dan cumplimiento al artículo 178 de la Ley 3.966, Orgánica Municipal, que señala que, en materia de administración financiera, las municipalidades “se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley 1535/99 de administración financiera del Estado y sus decretos y resoluciones reglamentarias”.
Pese a señalar que la práctica es recurrente, el director de DGAF hizo referencia a una normativa reciente, el decreto 3813/25, que establece los “lineamientos generales” para la elaboración del “Presupuesto General de la Nación 2026 y para la programación del presupuesto plurianual 2026-2028”, como ejemplo de aplicación en el Estado.
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Implementación gradual
Contrario a lo que señaló el director de Administración y Finanzas, la ordenanza aprobada por la Junta Municipal este jueves, señala expresamente en su artículo 37 que autoriza a la "implementación gradual del Presupuesto Municipal Plurianual y del Presupuesto por Resultados" recién a partir del ejercicio 2026, como "instrumentos de gerencia financiera pública moderna“.
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El artículo 38 señala además que autoriza la utilización de esta herramienta para el “presupuesto de ingresos municipales”, el “presupuesto asignado a los servicios personales” (salarios), los “programas sustantivos” y las “partidas no asignables”.
El artículo 39 habla de la aplicación del “presupuesto por resultados para el ejercicio 2026 a través de programas presupuestarios piloto” en algunas partidas.
“Se puede cambiar”, dicen
Víctor Rivas, director de Hacienda de la comuna, agregó que lo aprobado por la Junta Municipal, sin embargo, puede modificarse, en caso de una decisión de las autoridades que resulten electas en las Municipales 2026.
“Esta administración tiene una serie de prioridades que están reflejadas en el presupuesto para el año 2026 y la siguiente administración puede decidir cambiarlas eventualmente”, dijo.
Condicionamiento al próximo intendente
En sesión extraordinaria el jueves último, una mayoría ínfima de 10 concejales colorados aprobó el presupuesto plurianual 2026-2028 solicitado por el intendente Luis Bello (ANR-cartista). Solo tres concejales - Humberto Blasco (PLRA), Álvaro Grau (PPQ) y Paulina Serrano (PPQ) se opusieron, en tanto que los liberales Félix Ayala, Ramón Ortíz y Augusto Wagner se abstuvieron de votar y siete concejales se ausentaron.
El concejal Blasco calificó el hecho como “ilegal e inmoral”, contrario a lo que establece el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal, que cita entre los deberes y atribuciones de la Junta Municipal “sancionar anualmente la ordenanza de presupuesto”.
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Blasco señaló que la ordenanza estaría “encadenando” a quien resulte electo intendente o intendenta en 2026 a “la misma matriz fallida, presupuestaria, financiera y salarial” y que estaría perpetuando el sistema, o al menos prolongándolo por tres años más. La intención, según el edil, sería la de “blindar” a los operadores políticos que son funcionarios municipales. “Esto se hace para blindar a los muchachos. Para que no se pueda tocar el salario de los perros, ni reducir las 60 direcciones generales y operativas", criticó.
El concejal denunció además que con la aprobación del presupuesto, los concejales le dieron al intendente, Luis Bello (ANR-cartista) un “cheque en blanco”, que le permitirá contraer préstamos a corto plazo hasta por el 30% del ingreso estimado, lo que alcanzaría casi US$ 82 millones. En caso de “emergencia municipal”, el monto podría aumentar sin tope máximo, denunció.