Varios sectores criticaron el levantamiento de la suspensión que tenía la licitación para adquirir uniformes por G. 51.923 millones (US$ 7,6 millones al cambio actual) por parte del MEC, que cuenta con 148 cuestionamientos.
Esta fue la segunda suspensión que recibió el proceso, debido a las constantes protestas de cinco empresas, entre ellas algunas muy conocidas en el rubro de las prendas, como Sallustro y Compañía S.A., que se realizaron contra el proceso, como por ejemplo, la exigencia de contar con 200 costureras inscriptas en el Instituto de Previsión Social (IPS), ítem que se cambió por la posibilidad de presentarse como consorcios que sumen la cantidad requerida.
Uno de los sectores que también cuestiona el proceso es la OTEP, liderada por Gabriel Espínola, quien criticó a las autoridades por priorizar el negocio antes que el derecho.
“Es resultado de la falta de planificación y la priorización del negocio al derecho. Si se hubiese priorizado el derecho, por ejemplo, a la vida digna, se hubiese establecido un mecanismo en la cadena de producción para que funcione. Por ejemplo, suponemos que estos uniformes serán dados por uno o dos años, ¿cuántas hectáreas de algodón debería de cultivarse para luego cosecharlo, elevarlo a las a la industria textil para que del algodón tengamos hilo y tengamos tela y con ella la generación de fuente de trabajo, luego con la tela y el hilo, las costureras, los costureros para que puedan desarrollar su tarea de confeccionar", cuestionó.
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Empresas ligadas a Cartes
Otro de los cuestionamientos es que los requisitos exigidos se ajustan a condiciones que tienen empresas ligadas a personas vinculadas con el Presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.
El precio de referencia establecido por el MEC para la licitación se determinó por medio de consultas a la empresaTexcin Group, propiedad deAndrés Gwynny sus hijos José Ignacio Gwynn y Tomás Gwynn. Además fue consultado Grupo Basic, cuyo directivo es también Andrés Gwynn, amigo, socio comercial y ex asesor internacional del titular de la ANR,Horacio Cartes, cuando fue presidente de la República entre 2013 y 2018.
El empresario Andrés Gwyn tienen otro vínculo con Cartes. La empresa Textil San Francisco, cuya planta industrial estaba instalada en el barrio San Francisco, de Zeballos Cué, tiene como copropietaria a Chiara Capdevilla, pareja del presidente del Partido Colorado.
Para Espínola, este tipo de situaciones se da porque el hábito de pensar y articular el pensamiento no es propio de quienes priorizan el negocio al derecho.
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“Aquí hay que priorizar el derecho. El derecho a la vida digna que tiene un mecanismo qué significa en educación y significa en la democracia, participación. Entonces, deberíamos de involucrar a sectores que están y que deben estar en la cadena de esa producción para luego desarrollar las prendas correspondientes”, sostuvo.
Cuestionamientos a licitación
La planta industrial de la empresa Textil San Francisco se construyó con una inversión de Itaipú por G. 4.300 millones, con capacidad inicial de otorgar 200 fuentes de trabajo, casualmente, la cantidad de empleados requeridos en el pliego de condiciones que exige el MEC para adjudicar los uniformes.
Esta planta industrial del barrio San Francisco fue desmontada este año, luego que se suspendiera por segunda vez la licitación.
Las denuncias también apuntaron a que las firmas consultadas por la cartera educativa para la imposición de precios referenciales, dos de las cuales pertenecen a Gwyn, son las que cumplen con las “desmedidas exigencias” del pliego de bases y condiciones.
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También en el pliego piden contar una capacidad de producción de 10.000 prendas por día y que las proveedoras tengan una fábrica propia o alquilada de una extensión de 1.500 m2, además de exigir que el oferente debe justificar el uso de algodón orgánico con reducción del 50% en consumo de agua en el proceso de teñido y asegurar condiciones de comercio justo en la cadena de suministro, algo que solo se realiza en Brasil o por fábricas de ropas de marca de moda.
De acuerdo con lo programado, el MEC pretende entregar los uniformes a 236.014 estudiantes de 22 distritos priorizados. Cada uno de los alumnos recibiría un kit con dos remeras blancas y un buzo azul (campera). Cada combo tiene un costo estimativo de G. 220.000 (US$ 32).