Campesinos de San Pedro convocaron a una asamblea tras el conflicto por las tierras de Lusipar, el encuentro tuvo lugar en la comunidad de Táva Guaraní, distrito de Santa Rosa del Aguaray.
La reunión estuvo encabezada por el dirigente Elvio Benítez, quien cuenta con orden de captura y asegura haber participado del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad antes de retirarse del lugar. Durante la asamblea, los líderes analizaron los heridos, los vehículos incautados y la situación de los campesinos encarcelados.
Benítez informó que, “por unanimidad”, resolvieron mantener la lucha por las tierras de Lusipar y ampliar el reclamo. “No solo pedimos 11.000 hectáreas. Se pide todas las tierras administradas por Senabico, que son más de 100.000 hectáreas”, afirmó.
Asimismo, anunciaron actividades para recaudar fondos —torneo de truco, colectas solidarias y ventas de comidas— con el fin de asistir a los encarcelados y reparar vehículos dañados.
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Advertencia de movilizaciones
Benítez advirtió que, si no logran la liberación de los detenidos mediante la vía judicial, “saldrán a las calles” y recurrirán a movilizaciones y protestas más intensas, “no sabemos cómo va a terminar esto”, expresó.
La asamblea resolvió también convocar a organizaciones sociales y sindicales de todo el país que estén en desacuerdo con el Gobierno, con el objetivo de impulsar una movilización nacional.
El dirigente sostuvo que no piensa entregarse. “Tengo orden de captura, pero no cometí delito. El Gobierno está errando al dar balas y cárcel a quienes hacemos lucha social. Se necesita mesa de diálogo y trabajar en la reforma agraria”, afirmó.
<b>Contexto previo</b>
En un mensaje difundido desde la clandestinidad el día anterior, Benítez ya había advertido que en la disputa por Lusipar “se rompió la pelota”, y que la lucha no sólo continuaría, sino que sería “más fuerte”. Acusó al Gobierno de intentar criminalizar la protesta campesina y recordó que de las 138.000 hectáreas administradas por Senabico, el movimiento campesino reclama un lote específico de 11.000 hectáreas, actualmente arrendadas a privados.
Detenidos y situación carcelaria
De los 29 procesados por el intento de invasión, 27 fueron enviados a la Cárcel Regional de San Pedro, pese al hacinamiento crítico del penal, que alberga a 1.500 reclusos, pero su capacidad es para 1.000. Uno de los procesados recibió arresto domiciliario por su avanzada edad, mientras otro permanece internado bajo custodia policial.
Los cargos que enfrentan incluyen invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños, tentativa de homicidio doloso
Cómo ocurrió el enfrentamiento
Una caravana de unas 50 unidades partió desde Santa Rosa del Aguaray hacia la estancia Lusipar, específicamente el establecimiento Toro Vevé. A pesar de la presencia de más de 800 policías, los manifestantes derribaron el portón e ingresaron al predio.
En un segundo retén se produjo un choque directo con la Policía:
- Dos agentes resultaron heridos por arma de fuego.
- Varios campesinos sufrieron lesiones.
- Vehículos policiales dañados: una Hyundai Tucson, un ómnibus y una Hyundai Santa Fe.
- Vehículos retenidos: 32 rodados puestos a disposición de Criminalística.
Antecedentes del conflicto
La estancia Lusipar, de 11.000 hectáreas, forma parte de los bienes incautados al narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, y está administrada por Senabico. Su arrendamiento a privados generó el reclamo campesino, que exige la donación de las tierras para fines de reforma agraria.
Las tensiones en la región ya venían en aumento por denuncias de una posible invasión masiva y por detenciones previamente ordenadas por la Fiscalía.