En ese contexto, trajeron a colación el caso de los campesinos que desde hace aproximadamente seis años vienen gestionando con las autoridades del Gobierno central el usufructo de la finca de unas 11.600 hectáreas conocida como Lusipar, situada en el distrito de Tacuatí, San Pedro, decomisada del presunto narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, y actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Mencionaron que desde la incautación de Lusipar, la Senabico mantiene arrendada a un grupo de productores de soja, que trabajan sin ningún inconveniente en el lugar, pero que está completamente prohibido que las familias campesinas ingresen dentro del establecimiento para producir como lo están haciendo los arrendatarios.
También criticaron la sospechosa concesión de varias hectáreas de parcelas en el Chaco paraguayo sobre la ruta bioceánica, preferentemente en el área que corresponde al nuevo puente ubicado sobre el río Paraguay, que conecta Carmelo Peralta (Paraguay) con Puerto Murtinho del territorio brasileño.
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Entrega direccionada
Sobre el tema, el dirigente campesino de la colonia Primavera Real, del municipio de Guayaybí, Ángel Sosa, manifestó que todo lo que está pasando en nuestro país con la entrega de las tierras evidencia que la distribución de este importante recurso de todos los paraguayos está direccionada a favor de algunos grupos poderosos y amigos del poder de turno, subrayó.
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“Como referente campesino, yo solamente quiero que las familias que realmente necesitan de un pedazo de tierra para producir puedan tener esa posibilidad y que sean prioridad de las autoridades este grupo de compatriotas y no la gente adinerada o sectores que se apoderen de esta riqueza natural de nuestro país”, aseveró Sosa.
Reclamo de mucho tiempo
Por su parte, el dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), Lino Morel, refirió que el problema de la distribución de la tierra en nuestro país es un reclamo de mucho tiempo que ningún gobierno se ha interesado en darle una respuesta favorable, sino que más bien consideran la lucha de los sin tierras como un acto criminal, pero por otro lado siempre buscan la forma de beneficiar a sectores con mucho poder económico.
“Es una vergüenza que se les niegue una parcela de tierra a los campesinos de San Pedro, mientras el Indert está regalando hectáreas de tierras en el Chaco que cuestan millones de guaraníes en zonas privilegiadas, pero los que no forman parte del grupo de poder solamente reciben garrotes, balines y son enviados directamente a la cárcel”, agregó Morel.