En un acto de conmemoración de la adopción por parte de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, miembros de la agrupación sindical de docentes Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A) solicitaron al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que se incorporen los derechos humanos como tema de formación tanto de docentes como de alumnos.
Además, afirmaron que es necesaria la incorporación como contenido curricular de la historia de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay y sus consecuencias “en lo cultural, lo social, lo económico y lo político”.
En conversación con ABC Color, Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-A, argumentó que en Paraguay “es débil la formación ciudadana” y que a consecuencia de eso el país se halla “sometido por politiqueros a través de falsas promesas”.
En la educación paraguaya “sigue como línea trasversal el autoritarismo y no la cultura de la participación, del acompañamiento, de lo colectivo, lo asociativo”, añadió.
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“Debilidad” en la formación docente
Espínola cuestionó también la “debilidad” de la formación continua de docentes y opinó que esta debe ser “reforzada” con un programa de formación integral que incluya elementos de derechos humanos y promueva no solo la memorización de artículos, sino la capacidad de interpretarlos.
Agregó que actualmente la comunidad educativa “no tiene participación directa en el quehacer educativo” y señaló que eso va en contra de las normas democráticas, que requieren participación ciudadana.
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Apuntó también al programa de alimentación escolar “Hambre cero” como una medida insuficiente para solucionar totalmente el problema del hambre en los estudiantes y opinó que los recursos que se destinan a ese programa deben ir también a consolidar la economía familiar campesina para que esta pueda proveer ingredientes a las escuelas y las comunidades se vean directamente beneficiadas.
Eso ayudaría no solo a garantizar la provisión de alimentos, sino que también permitiría que los jóvenes de las comunidades no se vean obligados a migrar en busca de oportunidades laborales, argumentó.