El defensor de los detenidos por el caso Lusipar, abogado Víctor Sanguina, logró que el juez Vicente Coronel accediera al pedido de revisión de medidas tras el allanamiento de la Fiscalía. Sanguina anunció que el próximo lunes solicitará medidas alternativas para los 16 campesinos que permanecen en prisión preventiva.
“El gobierno busca criminalizar la lucha campesina. El Ministerio Público no podrá sostener la grave acusación, ya que no tendría elementos”, aseguró el letrado, quien criticó la imputación por delitos que incluyen tentativa de homicidio doloso.
Los beneficiados con arresto domiciliario o medidas sustitutivas son: Emelio Acosta Argüello (53), Gregorio Espínola Díaz (66), Deris Sanguina Martínez (39), Alfonso Acosta (47), Amalio Ariel Sanabria (24), Carlos Peralta Pérez (62), Luis Careaga Medina (45), Luciano Godoy Giménez (55), Héctor Fretes González (59), César Candia Mendoza (56), Julio Cristóbal Adinolfi Almada (58) y Carlos Pesoa (este último, herido y bajo custodia hospitalaria).
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Antecedentes del caso y situación procesal
- 29 campesinos fueron originalmente imputados por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso.
- 27 fueron trasladados a la sobrepoblada cárcel regional de San Pedro. Uno (adulto mayor) obtuvo arresto domiciliario inicial y otro (herido) quedó con prisión preventiva hospitalaria.
- Con la nueva resolución, 12 se suman a la medida sustitutiva.
Cronología del conflicto y anuncio de protestas
El conflicto estalló cuando una caravana de unas 50 unidades derribó el portón de la estancia Lusipar (lote Toro Vevé), pese a la presencia de más de 800 policías. El enfrentamiento posterior dejó un saldo de:
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- Dos policías heridos por arma de fuego
- Varios campesinos lesionados
- Vehículos policiales dañados
- 32 vehículos de los manifestantes retenidos.
Los dirigentes campesinos, que acusan al Gobierno de criminalizar la protesta, convocan para este sábado 20 de diciembre a una asamblea general en la comunidad Tava Guaraní, distrito de Santa Rosa del Aguaray. Allí definirán “acciones más contundentes” y coordinarán la retoma de movilizaciones a partir del lunes.
El dirigente campesino y político, Elvio Benítez (con orden de captura vigente) amplió la demanda: “No solo pedimos las 11.000 hectáreas de Lusipar, sino todas las tierras administradas por Senabico, que superan las 100.000 hectáreas”.
Contexto de la propiedad
La estancia Lusipar fue incautada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca y está bajo administración de Senabico. Su arrendamiento a privados es el detonante del reclamo campesino, que exige su donación para la reforma agraria.
La propiedad tiene 138.000 hectáreas, y los autodenominados sintierras, en principio, pidieron 11.000 hectáreas en el marco de la reforma agraria.