Un Tribunal de Sentencia condenó a Ignacio Luis Ortigoza, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a tres años y seis meses de prisión por la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
La fiscal, Yeimi Adle, relató que de acuerdo con la investigación fiscal, Ortigoza adjudicó en diciembre de 2012 un inmueble de aproximadamente siete hectáreas a cinco personas, pese a que el terreno formaba parte del refugio biológico de Mbaracayú y pertenecía a Itaipú Binacional.
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La fiscal explicó que quedó probado que en los certificados de adjudicación se consignó falsamente, que los beneficiarios eran sujetos de la reforma agraria y que los expedientes contaban con dictámenes favorables de la asesoría jurídica del Indert, cuando en realidad esos trámites nunca existieron.
Juicio civil y recuperación del inmueble
Uno de los beneficiarios logró inscribir el inmueble en los registros públicos. Posteriormente, Itaipú Binacional promovió una acción de nulidad de título, a la que el adjudicatario se allanó, lo que permitió que el terreno vuelva a figurar a nombre de la entidad binacional.
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Adle señaló que Ortigoza conocía que las tierras eran de Itaipú, ya que incluso había iniciado un juicio de reivindicación contra la binacional. Sin embargo, un mes después de comenzar esa acción civil, firmó las resoluciones de adjudicación a favor de terceros.
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El Tribunal de Sentencia concluyó que no se configuró el delito de estafa, al considerar que no se produjo un perjuicio patrimonial comprobable, dado que las tierras no llegaron a salir definitivamente de la posesión de Itaipú ni generaron un daño económico directo.
No obstante, sí se acreditó la falsedad en los documentos públicos, lo que derivó en la condena.
Además de Ortigoza, en la causa estuvieron imputados técnicos del Indert que habrían declarado haber realizado mediciones en el lugar, así como el entonces secretario general del ente, Andrés Argüello.
Más de seis años prófugo
La fiscal recordó que Ortigoza permaneció prófugo por más de seis años, lo que retrasó el proceso judicial. Fue detenido de manera fortuita el año pasado y recién en septiembre se realizó la audiencia preliminar que permitió elevar la causa a juicio oral.
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El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por Natalia Cacavelos, Cristian González y Darío Báez. El fallo no fue unánime, ya que Báez votó en disidencia, al considerar que la causa se encontraba prescripta y que no se probó la producción inmediata de documentos públicos falsos.